Como una medida de protección para la economía, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una orden ejecutiva para que las empresas con más de 100 trabajadores obliguen a sus empleados a vacunarse contra el Covid-19 o hacer hisopados con frecuencia para detectar contagios y evitar brotes colectivos de coronavirus.

En Guatemala, las empresas quieren protegerse también: tanto de los contagios como del impacto de los mismos. Y aunque quienes no quieren vacunarse son minoría, siempre existe el temor que pongan en riesgo a los demás.

Byron Urrutia, gerente de la Cooperativa Integral de Producción Madre y Maestra (Comayma), dedicada a la producción agrícola, enfrentó el dilema: obligar al empleado a la vacuna o despedirlo. Esta empresa cuenta con 208 trabajadores y el 90% está vacunado con una dosis, el 10% restante por contagios u otra situación no se vacunó:

Tuve solo 2 personas que no quisieron vacunarse, yo busqué con mi bufete una salida legal, pero me dijeron que no existe una forma legítima de obligarlos; lo que yo no quería era tener una demanda en el ministerio de Trabajo en la que dijeran que yo los estaba coaccionando.

Los caminos eran dos: prescindir de los servicios de los dos trabajadores, pero están en posiciones clave y para la empresa representaba un costo económico y administrativo. La otra salida fue:

Estar bajo cierto análisis periódico de hisopados, ¿a cada cuánto? Todos los lunes deben hacérselas ¿ellos cubren los gastos? No, nosotros se las costeamos. Ya que como parte de la política de esta empresa, todas las semanas hago pruebas aleatorias lunes y viernes y por obligación tiene que hacérsela.

Este gerente señala que trató de persuadir a las 2 personas quienes por creencias no accedieron a la vacuna: una dijo que podía quedar infértil y otra que un su familiar se vacunó y murió.

Debe ser una norma interna

En meses más drásticos de la pandemia los gerentes y empleados debieron enfrentar contagios colectivos y eso generó estrés laboral en las compañías.

Un trabajador de finca productora de palma africana en Izabal y quien declinó ser entrevistado contó que la compañía incentiva a la vacunación a través de rifas: una motocicleta solo entre los inmunizados.

El porcentaje de trabajadores que rechaza la vacuna es menor, en la mayoría de las corporaciones o asociaciones no alcanza ni el 3%. Maritza Vásquez, representante de Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y Maquila (ATRAHDOM), una organización con 1 mil 437 asociados, cuenta en el grupo una empleada murió por el virus. Ante la crisis la postura es que la vacunación es obligatoria:

Es un derecho que tendrá el empleador. En la organización les estamos diciendo que todas tienen que vacunarse.

En el país hay 250 mil empleadas en casa particular según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2020 con la pandemia, según una encuesta de ATRAHDOM, el 65 % vivió confinado en las casas de trabajo, al 35% fueron a sus residencias y renunciaron. Otros reportaron reducción del salario y recarga de trabajo.

Su resistencia a la vacuna responde a creencias religiosas. Vásquez, aunque está consciente que no se puede obligar al trabajador, cree que existen mecanismos:

No las puede obligar, pero lo puede establecer como norma interna de trabajo y ahí puede incluir que como requisito tenga su vacunación y la otra es pedir cada semana los hisopados.

En ciertas empresas el hisopado es regla. Sonia García, una mercadóloga de 28 años, ha debido hacerse tres pruebas por requisito de la compañía. En una el resultado fue positivo:

Antes de regresar debía presentar mi prueba negativa para poder volver a trabajar.

La medida de vacuna obligatoria emitida la semana pasada por Estados Unidos y que ha generados acuerdos y desacuerdos, incluye a empleados públicos, contratistas del gobierno e instituciones que reciben subsidios médicos públicos. ConCriterio consultó al ministerio de Trabajo y la Procuraduría de Derechos Humanos sobre denuncias de coacción para la vacunación, pero al cierre de la nota no respondieron.