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Francisco Jiménez, exministro de Gobernación, es uno más de los funcionarios del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo que van camino al exilio por persecución política-penal del MP que gestiona Consuelo Porras, fiscal general, a menos de dos años de la administración de Arévalo. Por el caso de la fuga de 20 pandilleros en Fraijanes II, también abandonaron el país Claudia Palencia, exviceministra antinarcóticos, y Ludin Godínez, exdirector de presidios.
Javier Monterroso, exsecretario del MP: «Tienen que salir del país para no tener el destino de Luis Pacheco -viceministro de Desarrollo, que siendo viceministro fue capturado por no gozar de antejuicio. Si ellos se ven obligados a salir es porque el Gobierno se ha desligado de ellos -ha aceptado denuncias o hay destituido y al quedar desprotegidos mejor se van-«.
En junio de 2024, Óscar Cordón, renunció como ministro de Salud y abandonó el país. Cordón fue el funcionario que firmó el convenio con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) por USD940 millones.
En noviembre de ese año también salió de Guatemala, Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones, quien dejó el cargo por diferencias con el mandatario. El MP lo señaló en el caso de financiamiento al Movimiento SEMILLA, por un aporte de USD44 mil documentados en las cuentas del partido.
En diciembre de 2024, Marco Livio Díaz, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) abandonó Guatemala, cuando el MP allanó las empresas de su familia. Díaz develó el caso B410, una investigación de corrupción de gran calado que vinculó a funcionarios de la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
En aquel momento, el presidente Arévalo escribió en X: “Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz… Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción…”
Bernardo Arévalo on X (formerly Twitter): «Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT.Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse,… / X»
Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT.Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse,…
En julio el exjefe de la SAT fue designado por Arévalo como embajador de Guatemala en Honduras.
En la Casa Presidencial también se encendieron las alarmas. En mayo de este año Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica reveló en una conferencia de prensa: “… en Guatemala la señora del presidente Arévalo está refugiada -siendo primera dama-refugiada política en México desde hace meses por temor a una fiscalía Corrupta y tuvo que enviar a su señora a asilo político”. El Gobierno de Guatemala lo desmintió, aunque Lucrecia Peinado esposa del presidente retornó hasta 2 meses después al país.
El MP investigaba un gasto de Q1 mil 300 que la Seguridad Presidencial pagó para un evento personal de la primera dama.
El gobierno de Arévalo: lejos de retornar a los exiliados, añadió más
Monterroso: "Yo creo que va a seguir el ataque por parte del MP, porque ha venido con esto desde que SEMILLA pasó a segunda vuelta, primero por las firmas, luego por el supuesto fraude electoral -que nunca lo pudieron probar; entonces es algo que va a seguir durante los 7 meses que le quedan a porras".
En efecto, los casos contra el partido, planteados por el MP, no avanzan. Tampoco la investigación del contrato de las vacunas Sputnik, la compra del edificio del MP en la zona 5, no prosperaron los antejuicios contra Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera por el caso de la toma de la USAC. Juan Francisco Sandoval, exjefe de Fiscalía Especial Contra la Impunidad:
"La intención no es cumplir con los fines del proceso penal para la averiguación de la verdad, sino golpear políticamente, perseguir adversarios; cuando no se impulsan diligencias se denota que el objetivo es mediático; usar los casos como herramientas de intimidación o de propaganda. Por ejemplo, anuncios como el que estaba dándole seguimiento a la hija del presidente ¿ella es objeto de investigación?, si alguien hace una vigilancia eso no se anuncia, si lo hace público está generando terror. Entonces los casos no prosperaron porque no tuvieron base legal, ni propósito de justicia; sino objetivos políticos de persecución y control institucional".
El segundo periodo de Porras vence en mayo 2026, y hay quienes apuntan a un esfuerzo para evitar que Arévalo elija al nuevo Fiscal General y más bien procurar su salida.