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¿Quiénes son los beneficiarios finales de los negocios que las empresas cierran con el Estado? la respuesta quedó en suspenso cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo la vigencia del acuerdo del Ejecutivo 208-2024, que emplazó a las empresas, para junio 2025 a reportar “quiénes son sus accionistas y las personas físicas que finalmente poseen o controlan las decisiones de la persona jurídica en forma directa o que indirectamente ejerzan control efectivo final de la entidad”.
Quince días después de que el acuerdo cobró vida, la CC suspendió provisionalmente la norma. Para ese momento, el 46.6% de las 5 mil 175 empresas incluidas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), no habían reportado quiénes son sus beneficiarios finales en la compañía, pero quedaron blindados con la resolución de la alta corte.
Edie Cux, director de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico:
“Es un secreto a voces que se utilizan entramados y redes de testaferros para contratar con el Estado, y que en el fondo termina siendo algún funcionario, diputado o alcalde, que realmente se está beneficiando. Lo que se pretende es transparentar y generar trazabilidad para determinar a dónde va el dinero».
Un caso reciente es la adjudicación por Q17 millones para la limpieza del Aeropuerto La Aurora, a Matiza, S.A, a quien EPInvestiga vincula con Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Según el medio, la compañía fue constituida en 2012 por la familia Dardón Pereira, allegada a Quijivix, socio y amigo de Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
Diversifican y cooptan el mercado
Cux, quien en el pasado trabajó con el capítulo Transparencia Internacional de Acción Ciudadana, también recuerda, que un mismo beneficiario podía tener una gran diversificación en proveeduría, y así como podía ofrecer granos básicos, también podía vender elevadores o medicinas.
“Yo recuerdo las estructuras de Chinautla y del departamento de Guatemala,abrían empresas, hacían división de mercados, que era una estructura bastante grande con compañías de papel. El que se transparente este tipo de beneficiarios puede visibilizar entramados que pueden evidenciar estructuras del crimen organizado y ahí es donde se pierde oportunidad para combatir la corrupción e identificar esquemas de lavado de dinero”.
Un propietario puede registrar hasta 10 empresas: “aparecían esquemas de empresas que competían entre sí: en un momento gana una, después otra; se dividen el mercado, tienen esquemas de precios. De alguna forma se sabe que empresa va a ganar, pero no se sabe a dónde van los fondos y es ahí donde tiene sentido una regulación”.
La batalla por liberar al Estado de la captura de los corruptos
La CC suspendió el acuerdo porque el artículo 238 de la ley de Amparo indica que lo deberá hacer si a su juicio “la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables”, señala la resolución.
Bernardo López, abogado y exsecretario de la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas de Guatemala:
“En términos jurídicos no me parece que esté fuera de lugar. Es un acuerdo que regulaba las inscripciones en el REGAE, esta bien que eso se regule; sin embargo, empecemos con que no está bien definido el beneficiario real, porque no tiene determinado el umbral -ese porcentaje de poder sobre las decisiones de la compañía, porque puede ser titular alguien más, pero quién toma las decisiones es otro y eso no está determinado en el acuerdo. Además, el acuerdo es una categoría inferior a la ley”.
De hecho, en abril de este año, después de haber emitido dicho acuerdo el presidente Bernardo Arévalo envió al Congreso una iniciativa de “Beneficiario Final”.
El abogado López: “ A nivel internacional los beneficiarios reales están ya regulados en muchas partes. Al implementar la iniciativa de transparencia de industrias extractivas en Guatemala, las empresas mineras que cotizan en Bolsa, tienen publicado a sus accionistas porque está en el mismo link que te lleva a los mercados bursátiles. El principal valladar que se da en Latinoamérica es el argumento de seguridad, no obstante. Identificar a las personas no está mal, pero sí tenemos que tener claro el modelo de cómo lo queremos hacer”.
El tema también se incluyó en la reciente iniciativa contra el lavado de dinero que presentó el Ejecutivo esta semana.