Un amplio frente de oposición se asoma al contrato de unos US$700 millones entre Ferrovías de Guatemala y la empresa mexicana Remed S.A, que rehabilitará la línea férrea del país, un activo del cual el Estado de Guatemala posee el 80% de las acciones.
En medio de los cuestionamientos que ha generado el negocio sin licitación y sin que las autoridades hagan público el trato, surge un anuncio: Domingo Hernández, representante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos Línea Férrea:
Estos terrenos de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) son del Estado y nuestra propuesta es: ¡con todo gusto nos vamos, siempre y cuando nos den otro terreno!
Hernández dice que según su censo, unas 65 mil familias habitan a lo largo de los 800 kilómetros que ocupa la antigua línea del tren, desde Tecún Umán a la frontera con El Salvador. Estas poblaciones desde 1998 han participado en mesas de diálogo para llegar a acuerdos y liberar los terrenos, pero hasta hoy no hay resultados.
Los residentes, según el vecino y un informe de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), son personas en pobreza que viven en condiciones inhumanas. El representante de los asentamientos señala que ocuparon los terrenos por desplazamiento de sus tierras por fenómenos naturales:
Desde un terremoto que hubo en el país el 25 de diciembre de 1917, fue que empezaron a vivir personas en la línea.
La asociación solicita que de los US$700 millones del proyecto se destinen fondos para la compra de tierras, solo así liberarán las vías:
Qué asignen para comprar terreno para las familias y las familias se van a retirar.
Cristina Lemus, viceministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, no obstante, respondió en una citación de la bancada Semilla, que el Gobierno no tiene planificado el traslado de estas personas y que además:
No hemos recibido ningún requerimiento para apoyarlas. Se podría hacer una coordinación y planificación estratégica, pero es importante señalar que nuestro presupuesto no es tan amplio y poder apoyar a esta cantidad de personas es muy complicado.
Según el contrato, del total de 800 kilómetros de línea férrea, se entregan 265 a la empresa mexicana, y el compromiso de liberar las ocupaciones queda en manos de FEGUA. Augusto Ponce, Interventor de FEGUA señala que desde hace dos años que está en el cargo, ha identificado a 478 comunidades asentadas en los terrenos. Y, según él, se han presentado las denuncias correspondientes, pero solo 2 surtieron efecto y fueron desocupadas; el resto están estancadas en los juzgados.
La diputada Lucrecia Hernández Mack, increpó al interventor, ¿cómo van a hacer ustedes para cumplir con liberar las vías?
Seguiremos haciendo notificaciones que es lo que nos compete.
Y el diputado Luis Pineda, recordó un antecedente importante:
“Está en riesgo el país de ser demandado internacionalmente nuevamente: a RDC se le pagó US$14 millones por el incumplimiento de un contrato porque justamente no se pudieron liberar las líneas del tren”.
Se refiere a La compañía estadounidense Railroad Development Corporation (RDC) que en 2012 venció en juicio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) al Estado de Guatemala.
El interventor de FEGUA en la citación con los diputados no respondió los cuestionamientos sobre el contrato pues dijo que desconoce el documento pues no es parte de la negociación. La silla de Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación (PGN), estuvo vacía por segunda ocasión se ausentó de la fiscalización que los diputados siguen a este proceso.
Los vecinos de los asentamientos, en tanto, no descartan movilizaciones para demandar vivienda digna al Estado.
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