Hay nuevos actores en el contrato para la compra de la vacuna Spuntnik con Rusia que apuntan hacia el Congreso de la República y su responsabilidad en la aprobación del mismo. Álvaro Castellanos, presidente de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala (Crecig), analiza el convenio comercial y estima incluso que carece de legalidad ya que la Constitución de la República en el artículo 171 literal L establece que los diputaos deben dar validez a los negocios que involucren al país en arbitrajes internacionales:
Este contrato necesitaba ser aprobado y revisado por el Congreso, dado que sometía al Estado de Guatemala a un arbitraje.
ConCriterio contactó por teléfono a Allan Rodríguez y a Sofía Hernández, presidente y vicepresidenta de la Junta Directiva, pero no respondieron.
De llegar a un arbitraje, este sería bajo las leyes inglesas y en Singapur. Castellanos se cuestiona si la ministra recibió asesoría: Aunque un tribunal arbitral tendría que determinar si es competente o no, si es válido el contrato, quién ha incumplido o si las cláusulas son leoninas.
Francisco Chávez Bosque, abogado especialista en temas contractuales a título individual, considera que el país debe evitar el arbitraje y la única salida que encuentra es la negociación:
No se puede renunciar al contrato, tampoco rescindirlo porque estamos en situación desventajosa. Ellos tienen el dinero y nosotros solo unas vacunas. Lo que tenemos que hacer es pedir que se devuelva el dinero de las vacunas no entregadas, seguirles comprando a través de una carta de crédito y cuando entreguen el producto se les paga”.
Los abogados especializados en temas contractuales señalan que el contrato está plagado de debilidades jurídicas que perjudican a Guatemala. Además, apuntan a que, al no ser poseer personería jurídica, quien debió firmar el contrato fue la Procuraduría General de la Nación.
Sin capacidad de producción
Un comunicado difundido a primera hora del miércoles la embajada de Rusia en Guatemala señala que ambas partes “están negociando una revisión y la búsqueda de soluciones” a la vez que plantea que una opción es establecer la producción nacional de los inmunizadores, “de estar disponible la base técnica, la producción de Sputnik podría satisfacer la demanda local” resalta la comunicación. Esta posibilidad, no obstante, es descartada de entrada por los especialistas. La razón: Guatemala no tiene la capacidad para producir vacunas de este tipo.
Mario Melgar, presidente de la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunizaciones –CONAPI– y ente asesor del Ministerio de Salud en Plan Nacional de Vacunación:
Hay una serie de pasos regulados y complicados que hacen que los lugares donde se producen sean contados y eso es parte del problema de la pandemia, que no hay muchas farmacéuticas con capacidad. Y tiene sentido porque se hace a través de organismos vivos y se debe ser cuidadoso.
Odette Scheel, miembro del Comité de Asuntos Regulatorios del Colegio de Farmacéuticos y con representación en manejo de productos biológicos de laboratorios suizos, asiáticos y de Estados Unidos, señala que para que Guatemala produzca este tipo de inmunizadores deberán pasar años, pues se debe instalar la capacidad técnica que requiere inversión millonaria:
“En cuanto a profesionales técnicos en la materia, hay suficientes químicos biólogos y farmacéuticos. El problema son las instalaciones, habría que hacer estudios de factibilidad para construir la planta, que no es como la producción de cualquier medicamento: son condiciones especiales de seguridad, temperatura, bioseguridad, no hay una planta que pueda adecuarse a esas condiciones ni en lo privado. Las transnacionales se fueron de producir en Guatemala y tenemos laboratorios nacionales muy buenos, pero no son para productos biológicos”.
Argentina, por ejemplo, ya produjo las primeras 150 mil Sputnik V de segunda dosis; México, por su parte, suscribió un convenio con Rusia para iniciar el envasado del inmunizador y para recibir transferencia tecnológica del biológico, con lo cual podrán producir sus propias vacunas.
En el contrato con Guatemala quedó abierta la posibilidad de instalar la producción en el país, la oficina de comunicación de Salud responde que no se ha contemplado esa cláusula, la cual establece:
- la otorgación de la sublicencia no es exclusiva
- El vendedor está obligado a asegurar el acceso del comprador a la información de desarrollo y patentes.
- Se pagará al vender una regalía de 0.1% por el uso del traslado de capacidades, marcas registradas y patentes.