Si el presidente Bernardo Arévalo en verdad está dispuesto a destituir a Consuelo Porras como Fiscal General de la República, debe pasar de las palabras a los hechos. Ya estuvo bueno de usar a la ley como burladero. De ocultarse detrás de su presunto respeto a la Constitución para no hacer nada. El Presidente puede inmediatamente convocar a los jefes de bloque del Congreso a la Casa Presidencial. De manera abierta y transparente. Sin ocultar el objetivo de la citación: discutir, acordar de qué forma debe modificarse la Ley Orgánica del Ministerio Público para permitir la destitución de la Fiscal. Buscar, perseguir, conseguir cada voto necesario en el Pleno del Congreso hasta alcanzar el objetivo.

¿Qué la Corte de Constitucionalidad luego no querrá aceptar esa modificación a la ley y protegerá a Consuelo? Que asuma la Corte esa responsabilidad.

Es absolutamente legítimo que el Presidente del Gobierno proponga y promueva una reforma de ley con un objetivo político por demás democrático: recuperar el Ministerio Público de las fuerzas que apadrinan la impunidad para la corrupción, socavan el sistema democrático y desvirtúan la ley al criminalizar a quienes se oponen al robo de fondos públicos.

El Presidente debe entender que no basta con pronunciar un discurso florido o cargado de indignación.

Debe dar muestras de coraje y garantías de disposición de lucha, algo que hasta ahora no ha demostrado  y por lo cual carece de aliados.

El Presidente debe entender que ese necio rechazo suyo al Congreso, el cual empieza con su desdén hacia la bancada oficial, debilita al Estado y a la democracia.

¿Teme que los diputados lo intenten extorsionar? Amárrese el cincho y responda y batalle como un líder democrático y honesto, pero sobre todo dispuesto a cumplir con el mandato que sus electores le dieron.

El presidente Arévalo hasta hoy ha preferido dejar hacer y dejar pasar. Hacerse el desentendido con la persecución penal de Consuelo Porras contra aliados y partidarios suyos. Ha preferido normalizar la situación de exilio de al menos un centenar de guatemaltecos. Ha querido minimizar la cooptación del sistema de justicia. En lugar de conseguir a cambio la tregua que probablemente pretendía de los enemigos de la democracia, ha logrado ser percibido como débil y por eso procuran atenazarlo cada vez más.

El Presidente no se entera, o prefiere no enterarse, que mientras él vive la ficción de un gobierno democrático los agentes del mal acuartelados en el Ministerio Público presionan a los diputados para que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

Hoy mismo, buscan impedir las reformas a la Ley de Hidrocarburos con la esperanza de lograr que el 12 de agosto la empresa Perenco abandone por completo el campo petrolero de Laguna del Tigre y  actores anónimos empiecen a sabotear los pozos generando ya sea un incendio o quizá solo derrames pero en todo caso una catástrofe ambiental. Ese, por mencionar solo uno de los muchos frentes por donde sus enemigos procuran atacarlo hasta persuadir por completo a la población que el suyo es el gobierno más imberbe e incapaz que haya tenido el país y se alcance la necesidad de defenestrarlo.

No es difícil encontrar más argumentos para intentar persuadir al Presidente de la necesidad de que actúe, que abandone la inmovilidad. Que despierte. Que cumpla con sus votantes. Pero es una pena tener que pedirle que asuma su responsabilidad.