Los conflictos persisten entre aquellos que consideran válida la anulación de la reserva realizada por el presidente y quienes piensan que esto traerá graves consecuencias. Como en muchas de las discusiones en este país, tanto el fondo como la forma parecen ser irrelevantes. Lo que realmente importa es la victoria político-ideológica de los grupos detrás de cada acción, así como determinar quién tiene la razón

Si, como afirma el gobierno y sus partidarios, la retirada de la reserva no tiene implicaciones importantes, no tendría sentido la oposición que se hace, pero tampoco sería justificable la urgencia por anular la reserva de manera encubierta y sin la debida publicidad, tal como deberían gestionarse todos los actos administrativos

Sin embargo, hay dos aspectos que la Corte Constitucional destaca y sobre los cuales reflexiona en su resolución de amparo provisional ante las diferentes acciones presentadas por organizaciones y personas. Uno de estos aspectos menciona textualmente lo siguiente:

…, tampoco puede dejar de pronunciarse esta Corte respecto de la forma en que se materializó el acuerdo gubernativo cuestionado, pues este fue publicado en el Diario Oficial el cinco de mayo de dos mil veinticinco, cuando ya se había notificado oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas el diez de abril de ese mismo año y había surtido efectos internacionales desde esa fecha. Actuar que se aparta del principio de máxima publicidad que debe observarse en todo acto administrativo, pues tal proceder impidió el conocimiento público y el control previo y oportuno.

En otras palabras, se informó a la ONU acerca de algo que no existía, ya que no había sido formalmente reconocido hasta un mes después. ¿Podría usted ser sancionado por cruzar cuando «el semáforo está en rojo», si dicho semáforo aún no ha sido instalado y lo será dentro de un mes? Este análisis no es menor. Más allá de si se aprueba o no, es crucial considerar este punto que podría ser motivo de anulación definitiva.

Otro aspecto sobre el cual reflexionar es si un tratado que requiere la autorización del Congreso  puede ser modificado unilateralmente por el presidente. La anulación de una reserva implica, en efecto, una modificación. La Corte Constitucional se plantea la pregunta:

…, es importante mencionar que el retiro de una reserva a un tratado internacional, conforme al artículo 22 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un acto unilateral del Estado que produce efectos a partir de su notificación al depositario; sin embargo, dicho acto debe observar el orden constitucional interno, en particular el principio de legalidad, la supremacía de la Constitución y el control judicial de los actos del Poder Ejecutivo

En mi opinión personal, ambas preguntas tienen sentido. Más allá de criticar a los magistrados o a los representantes del gobierno, es importante evaluar qué argumentos respaldan a cada lado y considerar el razonamiento sobre los puntos señalados.

Dado que este es un espacio de opinión, considero que lo segundo, la unilateralidad, es un aspecto debatible y entiendo los argumentos de ambas partes, independientemente de cuál sea mi postura personal o la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, el primer punto me parece un error de forma difícil de justificar, que, de ser cierto, sólo evidencia prisa por actuar, malas prácticas y podría anular el proceso por las razones indicadas en la resolución provisional de los amparos acumulados.

Para aquellos que argumentan que el presidente dirige la política exterior, solo cabe recordarles que la Corte Constitucional, en tiempos de Jimmy Morales, admitió un amparo que detuvo la salida del embajador de Suecia, lo cual fue aplaudido por los mismos que ahora se quejan de una resolución similar.

Criticar a la Corte Constitucional puede ser válido, pero no reconocer los continuos y garrafales errores del gobierno es como tapar el sol con un dedo.

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