Veo la ola de colegas, periodistas salvadoreños, que en las últimas semanas han llegado a Guatemala apenas con una mochila en la espalda para iniciar un exilio que tristemente no se augura breve, y siento pena por ellos. Muchos aspiran a mantener activa su profesión desde este lado de la frontera. Seguir informando a sus audiencias. Y es muy probable que por ahora puedan hacerlo como tantos periodistas nicaragüenses lo hacen desde Costa Rica frente a la dictadura de Daniel Ortega.

Veo a los defensores de derechos humanos de Cristosal, la organización en la cual trabajaba Ruth López, la abogada a quien Nayib Bukele hizo encarcelar bajo cargos inciertos, en un proceso sin transparencia, y me conduele su situación.

Ellos buscan refugio en Guatemala, donde un gobierno democrático, con el presidente Bernardo Arévalo a la cabeza, ofrece un respiro con respecto a los riesgos que viven en El Salvador, pero  me pregunto, ¿por cuánto tiempo estarán seguros en mi país?

Porque el futuro pinta sombrío.

El gobierno de Arévalo y los diputados de su partido fracasaron en el primer intento por sanear instituciones. La integración de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones se saldó con una victoria concreta para quienes favorecen la impunidad para la corrupción. La actuación de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema en el caso de Jose Rubén Zamora así lo acredita. La confirmación del juez Fredy Orellana en su judicatura lo confirma. No ha habido, desde la llegada de los nuevos magistrados, el menor esfuerzo por devolverle al sistema de justicia un gramo de confiabilidad.

En 2026 se irá Consuelo Porras de la Fiscalía General y es probable, solo probable, que alguien no alineado con la mediatización de la justicia tome el control del Ministerio Público. Pero, ¿qué opción real tendrá frente a ese Organismo Judicial tomado por las mafias? Un sistema benevolente con Melvin Quijivix e inclemente con Eduardo Masaya. Un sistema que aplasta a Luis Pachecho y Héctor Chaclán, por protestar contra el intento de revocatoria de los resultados electorales, pero que devuelve los bienes robados a Otto Pérez Molina y a Alejandro Sinibaldi.

Veo la coordinación de los corruptos para mantener el control del Consejo Superior Universitario y veo la mayoría en el Congreso a favor de la corrupción y la mayoría en la Corte Suprema y entiendo que es muy probable que la futura Corte de Constitucionalidad se integre de manera muy parecida a la actual. Una Corte que ha regido mientras el país genera presos de conciencia y más de 100 casos de exilio.

Y no percibo un esfuerzo coordinado del gobierno para  intentar influir, no digamos favorecer, la elección de los mejores cuadros para esa corte. ¿Hará algo Bernardo Arévalo para lograr que se integre sanamente el próximo Tribunal Supremo Electoral? ¿O se cruzará de brazos?

En la peor de mis pesadillas, un electorado decepcionado con la inacción decide en 2027 votar por una opción que le ofrezca severidad con el delincuente y mucho populismo para el ciudadano común. Que se cuide de mostrarse favorable a la impunidad para la corrupción, pero que luego, emule en muchas cosas al gobierno de Nayib Bukele. En opacidad y persecución a la prensa, por ejemplo. Muchas limitaciones a sus críticos y a sus fiscalizadores. Mucho control sobre la opinión pública.

Un autoritario con poder en Guatemala intentará repetir la fórmula exitosa del vecino y procurará asociarse de la mejor forma. Aplicará el método completo: grandes cárceles a toda prisa a donde se lleve sin demasiados miramientos a quien se atraviese.

Mucha autoridad concentrada y muy poca democracia. Ese es mi temor. Y que nuestros vecinos deban buscar en otro sitio un refugio seguro.