Ahora que la Universidad Rafael Landívar anunció el nombramiento como decano de Derecho de Julio Cordón Aguilar, secretario de política criminal de Consuelo Porras hasta enero de 2020, es momento de preguntarle cómo califica la gestión de quien lo llevó al Ministerio Público y a quien le agradeció el aprendizaje cobrado. Hasta hoy, el Doctor Cordón ha preferido no hablar con los medios y periodistas que lo hemos buscado.

El nuevo decano partió del MP al sistema interamericano de derechos humanos. Su curriculum académico es muy meritorio. Cordón dejó el MP poco antes de que cobrara fuerza la manipulación descarada de la acción pública penal para castigar a quienes se atrevieron a investigar y procesar la corrupción en Guatemala. Pero antes de irse, el Doctor Cordón participó en el esfuerzo por sacar bien librados a personajes señalados de hechos graves. Él ya había conocido el ansia manipuladora de la Fiscal General en procesos bajo su cargo. Y hay al menos una denuncia en su contra, la del antiguo fiscal Andreí González, quien le señala de revestir de legalidad los mecanismos de impunidad. En concreto, el caso  de financiamiento electoral y asociación ilícita  contra Sandra Torres, al frente del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

Los fiscales recuerdan que en las reuniones con Porras era Cordón quien intervenía para justificar por qué no era aconsejable pedir aún la orden de captura y era mejor esperar hasta más tarde. La fecha elegida, sin que los fiscales lo supieran, era justamente posterior a que se le extendieran a Torres sus credenciales como candidata. Esto hacía imposible su persecución penal.

Ese retraso sirvió para garantizarle impunidad. Pero no es ese el único caso que se le atribuye a Cordón. También se encuentra el caso Tigo que terminó en manos de un juez como Víctor Cruz para exonerar a los señalados.

En breve, se señala a Cordón de contribuir o integrar la maquinaria institucional para entorpecer, neutralizar o eliminar procesos contra actores de poder.

Bien es cierto que el Doctor Cordón prefirió dejar ese cargo con relativa rapidez. A él se le atribuye una constante confrontación con quien se convirtió en el poder tras el trono de Porras, Ángel Pineda.

Ante la polémica, han salido en defensa del nombramiento del Doctor Cordón diferentes abogados honorables con base sobre todo en su curriculum académico tan respetable.

Pero no creo exagerar cuando subrayo que la cooptación que los guatemaltecos hemos vivido del sistema de Justicia por parte de Consuelo Porras y muchos actores más, es el daño más grave que se le ha provocado a la república en su ordenamiento jurídico y en sus garantías fundamentales. El ataque al sistema democrático es imperdonable, aunque haya quien prefiera relativizarlo bajo el argumento de que peor lo llevan los nicaragüenses, los venezolanos o, en términos de autoritarismo, los salvadoreños. Consuelo Porras y su equipo han procurado desvirtuar nuestro sistema electoral, el cual supone un logro histórico para los guatemaltecos que solo por segunda vez en nuestra vida republicana, nos ha permitido el traspaso de poder pacífico de manera consecutiva.

Como decano de la Universidad Rafael Landívar al Doctor Cordón le corresponderá ser parte de la Comisión Postuladora de la nómina de candidatos a Fiscal General que se le entregue al presidente Bernardo Arévalo en abril próximo. ¿Acaso no tenemos los guatemaltecos, tanto como los estudiantes landivarianos, derecho de conocer si el nuevo decano comparte la visión de la justicia como herramienta antidemocrática de quien lo integró a su equipo en el MP?