Escuche la nota aquí:
La iniciativa de ley 6576, presentada por el oficialismo para agilizar la inversión pública, la cual entre otros, elimina la licitación pública y privilegia a la contratación directa de obra pública para los próximos 3 años, generó desconfianza social, desencuentros legislativos y división en el gabinete del presidente Bernardo Arévalo.
Después de esto, la propuesta fue sometida a cirugía para presentar ante el pleno del Congreso una nueva versión.
Carlos Mendoza, secretario General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), respondió vía chat a ConCriterio que el presidente Arévalo le pidió coordinar la revisión y que ayer entregó los primeros resultados, pero no adelantó información.
El artículo 6 es, entre otros, el más polémico en el gabinete: indica que las instituciones que avalan proyectos deben hacerlo en 5 días máximo. Es el plazo para los ministerios de Ambiente, Comunicaciones, Cultura, Salud Pública, Finanzas; Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y municipalidades. Solo SEGEPLAN cuenta con 20 días.
Patricia Orantes, ministra de Ambiente, señaló que avanzaorn las recomendaciones” sobre el artículo 6.
Presidente Bernardo Arévalo solicitó revisar la iniciativa
Definen proyectos
Victoria Palala, diputada de SEMILLA, ponente de la iniciativa, dijo a ConCriterio:
Hemos recibido recomendaciones de varios bloques con los que hemos dialogado, que van aclarar los temas que se malentendieron; incluso, en el Ejecutivo también hemos dialogado para construir una iniciativa que cumpla su objetivo. Entre los cambios menciona:
- Dejábamos amplio el tema de la obra estratégica (para nosotros estratégico es que se recuperen los caminos rurales, que la gente tenga agua y saneamiento); sin embargo, hubo mucho ruido alrededor de esto. Entonces estamos definiendo el listado estratégico como las megaobras: el metro, el tren, puertos y aeropuertos.
- En el tema de los plazos para emitir avales, las instituciones nos han pedido que se puede hacer un artículo que quede de acuerdo a la proporcionalidad y la magnitud del proyecto.
Uno de los opositores más vocales a la iniciativa es Julio Héctor Estrada, diputado de CABAL y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. En sus redes sociales, luego de una citación con funcionarios del ministerio de Finanzas, a la cual no asistió el ministro Jonathan Menkos, dijo:
“Ni madre, ni padre, ni cucho que le ladre”… hoy que estuvimos haciendo las preguntas específicas, resulta que no saben, no tuvieron nada que ver con la producción. Lo que ellos dejaron de urgencia nacional es todo su plan de campaña y quieren contratar todo libremente”.
Estrada adelantó opinión y dijo que la comisión que dirige posiblemente no avale la propuesta y será decisión del pleno apoyarla.
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Comisión Contra la Corrupción
En este embrollo, también intervino la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, nos dice Palala:
Hemos recibido recomendaciones de la Comisión Contra la Corrupción, para dejar más claro que todo será público y fiscalizable.
¿Qué le preocupa a la Comisión?
Dado al ruido que generó, nos dicen que debemos reforzar el mensaje que la Contraloría dará seguimiento, quizá eso pueda dar más tranquilidad.
La propuesta eleva de Q900 mil a Q2 millones el margen para contrataciones sin licitar para autoridad competente de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Ejecutivo y Legislativo, entre otros.
La ley señala con inversiones estratégicas a las instituciones:
- Comunicaciones
- Defensa
- Gobernación
- Finanzas
- Salud
- Educación
- Agricultura
- Cultura
- Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
- Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)
- Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)
- Municipalidades
Para Cultura establece la construcción de 6 ciudades deportivas en: Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Peten y San Marcos.
Educación: nueve institutos regionales en Baja Verapaz, Escuintla, Guatemala, Peten, Quiche, Retalhuleu, Santa Rosa, Sololá y Zacapa.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, respondió vía chat que no emitirá opinión; al igual que María Fernanda Rivera de Agricultura; mientras que Joaquín Barnoya, de Salud, leyó los mensajes, pero no respondió.
La propuesta tiene un artículo preventivo que dice que “en caso de existir alguna denuncia, demanda u otro tipo de reclamación en los proyectos iniciados, dichas acciones, peticiones o recursos no tendrán efectos suspensivos”.