El presidente Bernardo Arévalo necesita tener claro el panorama: la dictadura judicial se prepara con argucias legales para impedirle nombrar al nuevo Fiscal General en mayo de 2026. Su proyecto consiste en empantanar con acciones de amparo el proceso de nominación de aspirantes hasta que se venza el periodo e imponer en el cargo a quien Consuelo Porras se apresta para afianzar como su sustituto. El presunto elegido es el fiscal Dimas Jiménez, cuadro orgánico de la impunidad para la corrupción.
Si el presidente Arévalo y las fuerzas democráticas del país son incapaces de lograr mayoría de magistrados favorables al Estado de Derecho en la Corte de Constitucionalidad que tomará posesión en abril próximo, y que podría entrar a rescatar in extremis el proceso de nominación de aspirantes a Fiscal General, el secuestro de las instituciones se prolongará al menos por cuatro años más. O siquiera hasta que Arévalo deje la Presidencia y un candidato autorizado por un Tribunal Supremo Electoral -también integrado con mayoría de las fuerzas pro corrupción- le suceda en el cargo.
El presidente Arévalo, que se ha negado sistemáticamente a buscar y respaldar acuerdos en el Congreso de la República como no sean unos en los cuales sólo se obtiene la aprobación del presupuesto, se encuentra hoy ante la encrucijada más grande de su gobierno. De no liderar el proceso, de no tender puentes y alcanzar acuerdos con quienes pueden ser sus aliados hasta obtener mayoría en el Congreso, de no operar políticamente hasta lograr que los diputados y el Consejo Superior Universitario elijan magistrados pro democracia, la batalla simplemente estará perdida. Sobre los hombros del presidente Arévalo recae la responsabilidad de rescatar la democracia y el verdadero orden constitucional.
Es demasiado evidente cómo los actuales magistrados que integran las Cortes Suprema y de Constitucionalidad han favorecido de manera inequívoca toda acción u omisión del Ministerio Público para granjearle impunidad a quienes saquearon al Estado durante los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammatei. De acuerdo con sus resoluciones, esa corrupción rampante no amerita ser castigada por el sistema de justicia. Y en cambio, quienes se han enriquecido con abuso de fondos públicos tienen derecho de recuperar su botín y emprender acciones contra quienes les investigaron, denunciaron y procesaron.
En el orden impuesto por los actuales magistrados constitucionales, que no es otra cosa que el orden dictado en el acuerdo entre la elite económica y Alejandro Giammatei, Jose Rubén Zamora deberá permanecer en prisión ad eternum, mientras Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi son angelitos, víctimas de una injusta persecución.
Con resoluciones que exudan legalismo pero carecen de sentido de justicia y fidelidad hacia la democracia, la Corte de Constitucionalidad de Roberto Molina Barreto, Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Ochoa y Néster Vásquez ha hecho prevalecer todo excepto el respeto al voto popular. Ha permitido formalmente la Presidencia de Arévalo, pero le ha castrado políticamente y se ha ensañado contra su partido como castigo por la decisión inopinada de los votantes.
Si el presidente Arévalo antepone de nuevo argumentos de lealtad a la separación de poderes para cruzarse de brazos frente a quienes conculcan la democracia, habrá puesto la lápida a las aspiraciones legítimas de los guatemaltecos de vivir sin opresores y en libertad.