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¡Todo aquel que falle, se va!, destaca una campaña de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que anuncia que la embajada de los Estados Unidos en Guatemala evaluará con polígrafo a los directores de las cárceles del país. Pero el gobierno no se pronuncia si Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, continuará en el cargo tras encubrir que 20 líderes del Barrio 18 se fugaron en agosto.
Integrantes del Ejecutivo aseguraban hasta el final de la tarde de ayer que la destitución era inminente. Los empresarios del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), Cámara de Comercio y Consejo Nacional Empresarial (CNE), entre otros grupos de presión, demandaron acciones contundentes. El CNE exigió la “inmediata destitución”; la facción de diputados de SEMILLA que lidera Samuel Pérez también pidió el cambio de Jiménez; otros bloques legislativos se unieron.
Jiménez destituyó Ludin Godínez, director de presidios y tres directores de otros centros más, pero él:
Yo no voy a dejar el puesto hasta no resolver este problema. No puedo dejar este problema resuelto a medias.
Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) y exintegrante del Consejo Asesor en Seguridad durante el gobierno de Álvaro Colom.
“Él se debe sentir seguro porque no se siente responsable; pero habría que averiguar por qué no se siente responsable o cuál es la información que va a proporcionar”.
No hay detalles de cómo se produjo la fuga. Jiménez dijo que esperan los informes. Las cámaras de seguridad datan de 2015 y desconoce si funcionan. Hay un detalle que el ministro compartió en la conferencia de prensa del lunes:
Puedo decir que desde hace varios meses empezamos a tener esa información. En enero nos hizo subrayar los informes de Inteligencia, sobre maras y pandillas, sobre la intención de evadirse.
El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien reveló y amplió la información sobre la fuga horas después de que otra cuenta en X alertara sobre la misma, acusó a Jiménez de negociar con las pandillas un acuerdo. Jiménez rechazó las acusaciones. Pero ¿por qué no comunicó la fuga? Jiménez: Había información de inteligencia de algunas evasiones, ¿por qué no lo dijimos de forma inmediata? Yo no podía hacerlo hasta que lo tuviera confirmado.
Entre 1999 y 2015 Bernardo Arévalo dirigió Interpece, una organización internacional de prevención de la violencia. Ana Glenda Tager, secretaria privada de Arévalo, también formó parte de dicha organización. En el documento: La tregua salvadoreña: Impacto, interés y posibilidades de réplica en el resto de países de Centroamérica, el cual relaciona el acuerdo del gobierno salvadoreño con estos grupos criminales, Tager concluye que “…representa una oportunidad para la reducción de la violencia y la criminalidad así como una mejora en las condiciones de seguridad de la población. En ese sentido, el impacto que ha supuesto la tregua salvadoreña, cobra mayor interés en el caso de países como Guatemala y Honduras…”
En conferencia del lunes, Leslie Sánchez, reportera de ePInvestiga, cuestionó a Jiménez sobre la contratación en Gobernación de dos hermanos de la secretaria privada de Arévalo. Jessica Tager, psicóloga contratada en el viceministerio de Prevención de la Violencia, presentó su renuncia el año pasado. Eduardo Tager, con un contrato en Gobernación, para planeación de proyectos en Presidios. Una nota del desaparecido elPeriódico señala que un documento interno de presidios vinculó a Tager de mover reos del grupo de narcotraficantes Los Zetas, para que se dieran a la fuga. Los hechos, según el reporte, ocurrieron en 2009 cuando Tager era subdirector de Presidios y Jiménez era ministro de Gobernación:
Lo conozco, ha trabajado por muchos años ese tema, estos puestos son de confianza. Y sobre esa nota –de ElPeriódico– nunca hubo una denuncia en el MP.
ConCriterio escribió y solicitó una postura a la secretaria privada de Arévalo, pero no respondió.