El presidente Bernardo Arévalo ha hecho lo correcto al enfrentar la crisis en su gabinete de Seguridad comprometiéndose a iniciar la transformación del conjunto de cárceles nacionales en un auténtico Sistema Penitenciario. Se ha trazado dos objetivos de corto plazo. El primero, construir una cárcel de máxima seguridad capaz de contener a dos mil reclusos en doce meses. El segundo, levantar un censo universal de reos con elementos biométricos.
En cuanto el Presidente ha establecido estos compromisos, sin aún nombrar a los nuevos responsables del ministerio de Gobernación, han surgido las voces de expertos y conocedores para decir que esos objetivos son inalcanzables en el tiempo propuesto. Sus argumentos reflejan conocimiento a partir del estudio prolongado de la materia. Pero proyectan también un rasgo penoso de la idiosincrasia guatemalteca: la sensación nacional de incapacidad que se traduce en una total desesperanza (no sin fundamento). Guatemala no ha tenido un solo proyecto político en 40 años de régimen constitucional capaz de hacer sentir a la población que se puede alcanzar metas aquilatables para todos.
Es cierto que construir una cárcel o cualquier edificio público en Guatemala puede tomar un cuarto de siglo y suele haber tantas trabas burocráticas, como propias de la corrupción, capaces de dificultar la tarea. Pero no tiene que ser así cuando hay auténtico compromiso. Se puede legislar, como ya se ha hecho, para levantar todas las posibles barreras y agilizar la construcción. Se puede acudir a un diseño ya puesto en práctica en algún país de la región (República Dominicana, México, Colombia o El Salvador), se puede disponer de la tierra que el sistema ya posee en granjas penales como Cantel, Quetzaltenango, Canadá en Escuintla o Fraijanes en el departamento de Guatemala. Se puede encomendar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército o también se puede contratar con agilidad a una empresa internacional con experiencia para que monte la prisión.
Se necesitará, al mismo tiempo que se inicia la construcción, reclutar a cuadros profesionales bien pagados para hacerse cargo de los sistemas electrónicos de seguridad indispensables. Se puede elegir entre los recién graduados agentes de Policía al número necesario para iniciar una capacitación como oficiales y guardias penitenciarios orientada a cumplir funciones en esa cárcel nueva. Se puede diseñar un régimen salarial y de responsabilidad profesional para los guardias y autoridades de las prisiones que les remunere con dignidad y les comprometa frente a cualquier transgresión.
El censo biométrico puede arrancar en menos de un mes con las disposiciones apropiadas. Ya hay equipo técnico y profesional en el país capaz de conducirlo.
Todo esto que se dice con una ingenua facilidad requiere un acompañamiento y fiscalización comprometida de parte de los ciudadanos. Los tanques de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la modernización y profesionalización del sistema de justicia sin duda podrían contribuir con su observación o veeduría de estos procesos. Los diputados serios también pueden hacerlo. Su voz de alarma cuando un obstáculo surge o un plazo se incumple será útil.
El presidente Arévalo no debería dudar en convocar a expertos y notables para asumir funciones en esta tarea. Con gran esfuerzo y una coordinación escrupulosa, su gobierno no tendrá más tiempo para otra cosa que dejar montadas unas primeras bases para el nuevo Sistema Penitenciario, pero de la ciudadanía depende exigirle a su sucesor que continúe y fortalezca este esfuerzo. Guatemala sí puede y necesita, le urge, en el marco democrático, tener éxito en esta tarea frente a un fallo recurrente en las cárceles nacionales. El fracaso sólo abre la puerta al autoritarismo y la dictadura.