El Ministerio Público de Consuelo Porras es impenitente. Por eso habrá de intentarlo una y otra vez.

Esta semana ha vuelto a la carga con una acusación de corrupción —según ellos a gran escala— contra el presidente Bernardo Arévalo. Bautizan el caso UNOPS Corrupción Presidencial, como una manera de atribuirle sin necesidad de que haya juicio ni sea menester presentar pruebas (esta es una operación de daño de imagen), el peor de los pecados políticos.

Su actuación revela que están conscientes del rechazo popular que genera sobre un líder político o sobre un funcionario ser catalogado como corrupto. Procuran entonces erosionar la imagen del Presidente y hacerle más débil frente a la opinión pública.

Pero el Ministerio Público y los suyos toman poco en cuenta varios elementos.

El primero, que han minado su credibilidad de una manera inmisericorde. Al operar en los procesos penales a favor de los cuadros más detestables para la población justamente por su reconocida corrupción, como Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina, Manuel Baldizón, José Luis Benito y un largo etcétera, son muy pocas las personas que ven a Consuelo Porras y a su equipo, pero sobre todo a Rafael Curruchiche, como actores creíbles.

El segundo, su omisión en perseguir a personajes de actuación notoriamente cuestionable como Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, Jimmy Morales, también ha desvirtuado frente a los contribuyentes su función.

Con un poco más de agudeza de observación se habrían percatado ya de su fracaso por desacreditar a sus antecesores en el Ministerio Público. Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y el largo listado de fiscales, jueces y magistrados que la criminalización ha enviado al exilio. Ellos mantienen su prestigio intacto delante de muchos. Y ninguno de los casos montados en su contra ha logrado persuadir a las mayorías de otra cosa que no sea que se les persigue por haber protagonizado el embate a la corrupción.

En tercer lugar, el propio carácter con el cual asumen sus funciones debilita su posición. No hace falta decir mucho más sobre el papel que juega el fiscal Curruchiche en esos videos difundidos por diferentes redes. El suyo no es un Ministerio Público visto como un operador confiable de justicia sino como un partido político muy molesto por haberse visto derrotado en las urnas. Y así han actuado desde que en junio de 2023 empezaron a vivir en cámara lenta el resultado de su derrota.

A los políticos que Consuelo Porras, Angel Pineda y Rafael Curruchiche han defendido facilitándoles impunidad, como Alan Rodríguez, como Felipe Alejos, les serviría bien que Bernardo Arévalo fuera visto como uno de ellos. Pero qué va.

Saben que desprenderse ellos mismos de la categoría de grandes corruptos en que la población les ubica es imposible. Por eso confían en que arrastrando hacia su campo a quien no se encuentra podría igualar las condiciones para un próximo proceso electoral.

Pero su esfuerzo volverá a ser infructuoso porque el país se encuentra ya muy lejos de su propósito.

El caso que hoy presenta Curruchiche como si se tratara de un hallazgo importante no persuade a nadie más que a quienes bendicen a Consuelo Porras por haber sacado de la cárcel a los suyos. Y a quienes no logran conciliar la idea de que se haya votado por alguien declaradamente ajeno a la derecha debido a plantearse en contra de la corrupción.

De modo que habrán de cosechar pocos seguidores con este esfuerzo.

Pero no cesarán en su lucha hasta el último minuto que tengan poder y vida.