Dura empezó la última semana del mes, pero, como suele ocurrir en este país, las aguas parecen volver a su cauce. O, al menos, el río dejó de desbordarse… por ahora.
La Corte de Constitucionalidad (CC), en un gesto de coherencia, reafirmó lo que ya había dicho hace dos años (2023): las autoridades electas son las que legalmente ocupan el poder y ningún juez iluminado puede venir a mover los cimientos de un proceso democrático -por muy creativo que se sienta-. En buen chapín: el juez que no entienda la lección, que se atenga a las consecuencias, porque jugar al héroe institucional podría costarle ser procesado por un delito.
Simultáneamente, la otra corte -la Suprema de Justicia- también tuvo su momento de protagonismo. Tras la denuncia del presidente, anunció que investigará el “posible abuso del juez Orellana” y, muy ordenadamente, explicó el protocolo: primero el antejuicio, luego el organismo disciplinario correspondiente decidirá y, finalmente, se podrán tomar las medidas administrativas correspondientes, que probablemente nunca lleguen, dada la idiosincrasia institucional.
El Tribunal Supremo Electoral, no queriendo quedarse fuera de la función, también se pronunció para celebrar la decisión de la CC, congratulándose de que el sistema se mantenga tal cual se conformó tras las elecciones del 2023. Un alivio institucional que, traducido al idioma nacional, significa que el caos se pospone, no que se disuelve.
¿Y qué no cambia? Pues, continuarán las investigaciones contra el partido Semilla y sus inexistentes afiliados, iniciadas por denuncia del propio partido, y que siguen en punto muerto. Se salva el mayor peligro -un posible colapso institucional-, pero la parálisis política continúa, inmutable como la humedad en temporada de lluvias.
Como no hay dos sin tres, el Ministerio Público decidió no quedarse atrás y solicitó antejuicios contra el presidente y la vicepresidenta, por delitos varios vinculados a la evasión de peligrosos reos. Esos mismos reos de los que, por cierto, ya nadie sabe nada. Y, por si faltaba ironía, capturaron a veinte personas en diversos allanamientos -coincidencia numérica con los mareros fugados- por irregularidades en la compra de uniformes policiales. No olvidemos que una de las hipótesis de aquella fuga es que los reos salieron vestidos precisamente como policías. Realismo mágico en su máxima expresión.
Así que seguimos como siempre: no horrorizados, pero sí con ese infinito nivel de asombro y cansancio que forma parte del ADN nacional. Nada nuevo bajo el sol: el país funciona en su modo natural de escándalo permanente. Ahora viene la siguiente fase: hipertensión preelectoral, con la elección de la nueva mesa directiva del Congreso y la aprobación del presupuesto 2026. Porque desde noviembre a marzo/mayo el tiempo se mide en años-luz, y hacer cábalas a corto plazo es casi ciencia ficción.
Mientras tanto, el gobierno busca refugio en foros internacionales ante la falta de respaldo interno. La OEA debate y los observadores opinan y miran de lejos, algo menos interesados después de que la CC bajó la temperatura del conflicto. Con la olla tapada, el guiso político sigue cocinándose sin ruidos ni vapor, aunque todos sepamos qué ingredientes hay dentro.
En resumen, nada cambia, todo se acomoda. La vida institucional sigue su curso como el río: a veces se desborda, otras apenas murmura, pero nunca deja de arrastrar lo mismo. Y nosotros, espectadores fieles, seguimos celebrando cada “regreso al cauce” como si fuera una victoria, cuando no es más que otra vuelta en el mismo remolino.
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