No, no nos dejemos engañar. Aquí nadie está intentando desmontar el corporativismo estatal; al contrario, lo están reforzando con una devoción casi religiosa. Sacar al CACIF de ciertas mesas —esas en las que ni decide ni domina y donde suele ser minoría frente a un enjambre de entidades estatales— no es un acto de higiene democrática, sino un viejo antojo ideológico de izquierdas.
Una izquierda que, paradójicamente, detesta el neocorporativismo —modelo en el que hay que negociar con otros— y ni hablar de la metagobernanza, que reparte el poder en redes y obliga al Estado a dejar de comportarse como dueño absoluto. No, su apuesta es al estatismo clásico: el de siempre, el controlador, el que decide por todos y no tolera a nadie. Ese autoritarismo progresista que en medio planeta quedó atrás porque la realidad económica y social lo dejó en evidencia, mientras aquí seguimos reinventando el pasado como si fuese modernidad.
Y la explicación es simple. La realidad, por más que intenten disfrazarla de lucha moral o justicia social, se llama envidia. Y esto lo explicó hace décadas Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, en el capítulo VIII, donde desmonta cómo la envidia se esconde detrás de muchas cruzadas igualitaristas y discursos redistributivos. Y así, movidos por la envidia, se creen revolucionarios cuando en realidad solo son burócratas frustrados con complejo de Robin Hood.
La incoherencia, sin embargo, no termina ahí. Si de verdad quisieran aplicar un “principio general” —y no ese remiendo sectorial y sesgado que intentan vender como virtud republicana— no habrían aprobado alegremente leyes donde se admite, sin pestañear, la representación de la monopólica universidad estatal, de ONGs selectas o de asociaciones juveniles con membrete revolucionario ¡Esas sí!
La paradoja sería divertida si no fuera tan burda. Ni siquiera saben distinguir conceptos básicos. El corporativismo tradicional —ese que tanto dicen combatir— es justo el modelo que adoran: autoritario, vertical, con un Estado que organiza, controla y subordina gremios, sindicatos y asociaciones. Pero el neocorporativismo, propio de democracias serias, exige algo que a nuestros ingeniosos renovadores les provoca urticaria intelectual: negociar con actores sociales autónomos.
Y eso es precisamente lo que no toleran. Porque el estatista de manual —sea populista, intervencionista o simple aspirante a salvador nacional— quiere un Estado que mande, ordene y discipline desde arriba. No soporta compartir decisiones, mucho menos con quienes no puede controlar. Por eso su rechazo visceral: el neocorporativismo les quita poder.
Así que sí: estos impúberes políticos, apenas graduados, que confunden autoridad con autoritarismo y participación con obediencia, no desconfían del neocorporativismo por teoría, sino por instinto. Les incomoda porque no pueden dominarlo. Y en su mundo, todo lo que no controlan, lo intentan expulsar.
El estatista clásico, al final, quiere lo mismo de siempre: control directo y obediencia garantizada. Y cualquier cosa que lo limite —incluidas las mesas donde no puede imponer su voluntad— será siempre tratada como un enemigo a eliminar. Porque, al final, todo se reduce a lo mismo: la obediencia ciega y no el pluralismo; no quieren participación, quieren sumisión; no aspiran a modernizar el Estado, sino a convertirlo en una finca ideológica. Y mientras reparten sermones de democracia, se esfuerzan por reinstalar una arquitectura de poder que ya fracasó dondequiera que se intentó.
Así que no nos confundamos: esto no es un avance, es un retroceso con discurso progresista. Y quienes hoy juegan a purificar la política queriendo expulsar a los que no controlan, mañana —inevitablemente— intentarán purificar también a la sociedad. Ese es el camino del estatismo clásico: empieza excluyendo de las mesas y termina excluyendo de las ideas.
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