El jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC), Oscár Dávila, fue uno de los aspirantes a Fiscal General que llegó a la recta final en mayo de este año. Los críticos del proceso pronto señalaron que era uno de los favoritos del mandatario Alejandro Giammattei, aunque Consuelo Porras fue finalmente reelecta. Siete meses después, poco se sabe del funcionario que de los brillos como fiscal antinarcótico pasó a las sombras como un fantasma en un gobierno cuyo mayor problema, según buena parte de los guatemaltecos, es la corrupción.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, entidad que fiscaliza el gasto en entidades públicas, dice que no es necesario profundizar para hablar del trabajo del comisionado desaparecido: «Es el tipo de funcionarios que se prestan a ocupar un puesto que ya saben que no van a presentar resultados, me imagino que un poco de pudor y vergüenza tiene para no dar la cara por algo que no tiene resultados. En su momento dijimos que la comisión era obsoleta, pero en Guatemala los gobiernos son especialistas en inventar falsas soluciones a los problemas. Es una comisión sin independencia para combatir la corrupción y solo gastan dinero».
Al inicio de su gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti también crearon una Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), cuya finalidad era similar a la comisión actual: captar casos de corrupción en las instituciones del Estado y denunciarlos ante el Ministerio Público. No tuvo resultados y su mayor debilidad, señalaron opositores en su momento, era la falta de independencia. En el 2015 fue disuelta.
En 2020, el nombramiento de Dávila como Comisionado Presidencial contra la Corrupción generó expectativas, debido a la experiencia positiva de Dávila como jefe de la fiscalía antinarcóticos en el MP y como viceministro antinarcótico en el ministerio de Gobernación.
Uno de los exfuncionarios que confió en esa entidad bajo la dirección del comisionado fue el exministro de Gobernación Francisco Rivas: «A mí me ha quedado en deuda la Comisión Contra la Corrupción, tenía expectativas cuando se creó, por las personas que la integraban y por el alcance que podía tener. Pero veo que por ser parte del Organismo Ejecutivo y depender de las autoridades centrales es difícil que pueda obtener imparcialidad en la investigación de casos. Es un defecto de nacimiento de la comisión, porque grandes casos que se hayan hecho públicos no existen».
Una de las denuncias penales presentadas en septiembre de 2021 tenía que ver con cinco unidades ejecutoras del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por el manejo irregular de Q4.4 millones, pero no hay información sobre el avance del caso.
Aunque según el MP se obtuvo sentencia en dos casos presentados por la comisión:
Manuel Victor Martinez Olivet, fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad por compras anómalas realizadas por el Director de Área de Salud de Santa Rosa y Eider Iram Morales Juárez fue condenado a cinco años de prisión por cobros ilícitos por plazas en el Congreso de la República.
Carlos Melgar Peña, analista en temas de corrupción del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI): «No le quita ni le pone al país, no sé si el comisionado sigue o lo van a relevar, desconozco. La realidad que nos muestran las evaluaciones anticorrupción internacionales revelan que el aporte de la comisión no es significativo».
En la evaluación anticorrupción en Latinoamérica, publicada en marzo de este año por el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que reúne a los principales estudios jurídicos en todo el mundo, Guatemala recibió una calificación general de 3.54 de una máxima de 10 puntos sobre la capacidad de combatir la corrupción. Ese punteo la ubicó en el puesto 16 de 17 naciones incluidas en el informe, debajo de Honduras y arriba de Venezuela.