El exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, acusado por la justicia estadounidense de lavar US$10 millones aparentemente del narcotráfico y la corrupción, renunció a una audiencia programada para el 26 de enero pasado pues, según los documentos en el expediente de su caso en la Corte del Distrito Sur de Florida, aún discute su acuerdo con los fiscales: sus abogados pretenden evitar un juicio.

ConCriterio contactó por la vía telefónica y por correo electrónico a los tres defensores del exfuncionario, pero no hubo respuesta. Esta reportera se comunicó también con el fiscal a cargo del caso, Walter M. Norkin, pero respondió que no dará declaraciones.

David Zapp, defensor especializado en casos de narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York, considera que no es ningún misterio lo que ocurre con Valladares Urruela:

“Vamos a resumir las cuentas, este caso ya lleva 4 meses, no hay ni un pedazo de papel que se ha ofrecido en su defensa. Él todavía no ha sido acusado formalmente, si no por una querella, que es hecha por una declaración de un agente. Yo no sé nada, pero si alguien me pregunta a mí ¿qué está pasando aquí? Este señor está colaborando, no hay otra. Ahora ¿vendo mi finca por eso? No… pero si tiene pinta de pato, camina como pato, habla como un pato, es porque es un pato.”

Zapp, defensor en casos de narcotráfico en Nueva York, agregó que las fiscalías comúnmente le otorgan la fianza a los acusados cuando estos colaboran. Dejarlo en libertad los hace correr un riesgo, explicó, por lo que solo lo hacen cuando reciben un beneficio a cambio.

En Guatemala, Valladares está vinculado en tres casos de corrupción. Todos en pausa, según su abogado Óscar Orlando Colindres: “nada ha cambiado desde que el juzgado giró su orden de captura”, señaló.

El 15 de enero del 2020, un día después de perder su inmunidad, Valladares se presentó a los juzgados para indicar que permanecería en el país. Al siguiente día, al dictarse su orden de captura, no fue hallado durante los operativos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público.

A Valladares se le acusa de lavar dinero proveniente de sobornos a altos funcionarios, a través de la compra de bienes inmuebles. Además, es señalado en dos investigaciones. En la primera, por sobornar a congresistas, mientras ejercía como directivo de Tigo, para aprobar leyes que beneficiaran a la empresa de telecomunicaciones; y en la segunda, por obtener reportes de escuchas e intervenciones de teléfonos celulares de particulares, a través de la estructura de Tigo.

Valladares se entregó a la justicia estadounidense el 21 de octubre de 2020. Según la denuncia, fueron un político corrupto, el antiguo funcionario de un banco y un narcotraficante encarcelado en Estados Unidos quienes lo señalaron de conspirar para lavar dinero entre 2014 y 2018.

En los últimos tres años, otros políticos guatemaltecos de alto rango han sido procesados por juzgados estadounidense. Entre estos, Manuel Baldizón y Mario Estrada, excandidatos a la presidencia, sentenciados el primero a 4 años de prisión por lavado de dinero y el segundo, a 15 años de prisión por conspiración para importar y distribuir drogas.

El exdirector del Banco de Crédito de Guatemala, Álvaro Cóbar Bustamente, también fue sentenciado en Estados Unidos a 36 meses de prisión por lavar dinero. Baldizón y Cóbar fueron acusados por la misma fiscalía que Valladares.