Es una semana de expectativa para los 48 mil pobladores de Asunción Mita, Jutiapa: una tierra habitada por 95% por ladinos, 1,7% xinkas y 1,5% mayas, según el último censo.  Son 30 mil vecinos llamados a las urnas el próximo domingo para avalar o negar la explotación de minerales de sus tierras explorados por el proyecto Cerro Blanco de la compañía Elevar Resources.

El padrón electoral del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contaba a hasta ayer a 30 mil 811 inscritos para esta consulta; contará con 6 puestos de votación, 72 mesas y la participación de 240 fiscales tanto de la iglesia católica, empresarios y comunitarios.

Pero hay un punto de controversia: la base legal, según David Lucero, secretario técnico administrativo de la Comisión de Consulta:

La municipalidad es la institución que garantiza la legalidad de la consulta, basados en el artículo 64 del Código Municipal.

El artículo da a los vecinos el derecho de solicitar al Concejo Municipal, la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a los vecinos del municipio. Para el procedimiento, según la ley, se debe contar con la firma de por lo menos el 10% de los vecinos empadronados en el municipio y, para dicha solicitud, los comunitarios presentaron 4 mil 264 firmas, poco más del 10% de empadronados.

Pero Guido Ricci, abogado y director de asuntos Laborales de Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), señala que es un error el fundamento legal para este evento:

La materia que están sometiendo a esa discusión escapa por mucho de las competencias de una municipalidad. Se está preguntando sí o no a la actividad de minería y ninguna municipalidad está facultada para tomar una semejante decisión. No es parte de sus atribuciones limitar una garantía constitucional de industria o comercio.

Llegar a este proceso fue voluntad de la comunidad y no hubo resolución judicial como en otros casos en los cuales ha intervenido la Corte de Constitucionalidad (CC), a pedido de los comunitarios cuando reclaman la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y acá el abogado de CACIF, anota:

El convenio 169, le da gobernabilidad; no es una consulta de sí o no, ¿Qué se pregunta?: ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen? Y que trate de aliviar las mismas.

René Guardado, alcalde de Asunción Mita respondió:

El artículo 64 sí me respalda a mí como autoridad máxima en donde yo avalo, yo no les puedo vedar el derecho; lo que no puedo hacer es mandar a decir que digan no a la mina y para eso conformamos una comisión específica.

El jefe edil dice que tras la consulta, enviará los resultados al ministerio de Energía y Minas para el trámite correspondiente. Según el artículo en controversia, los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente sobre el asunto consultado.

Un recorrido por las calles Asunción Mita, a través de las fotografías que publican los grupos, permite observar pancartas alusivas al sí y al no; la iglesia católica es promotora del NO. Luisa Nicolau, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), junto con un grupo de 10 personas serán observadores:

Hay un desecho que pone en riesgo la salud de las personas, contamina las aguas y puede causar enfermedades respiratorias y en la piel.

La compañía en su sitio web afirma que cuenta con una planta de tratamiento que mide la calidad del agua, filtra las impurezas y extrae los residuos del líquido. Y que posee un protocolo de seguridad que mide la calidad antes de ser descargada y si no cumple los estándares, vuelva a realizar todo el proceso de saneamiento.

El aporte económico estimado del proyecto es de unos USD$160 millones por año por la actividad económica y más de USD $300 millones por concepto de impuestos y regalías. La planta cuenta unos 106 kilómetros de trabajo y los minerales a explotar entre otros son oro, plata, zinc, plomo y cobre.

El aporte de la industria minera al Producto Interno Bruto (PIB), ha presentado variaciones entre 0,7 y 1.2%.