La llaman “La Tijuanita” de Guatemala. Es Ayutla, el segundo municipio más violento de San Marcos, vecino de Chiapas, México, con una tasa interanual de 45 homicidios por 100 mil habitantes.  Los vecinos la comparan con Tijuana, Baja California, porque es de las ciudades más violentas de México. No solo eso: también por el alto tránsito de migrantes y drogas.

Hoy Ayutla está bajo un fuego que alcanza a la autoridad: cuatro trabajadores municipales fueron asesinados en las últimas tres semanas. Entre ellos Wslen Eladio Sarceño Leiva, jefe de la Policía Municipal, además tres agentes y un cobrador.

La cifra de víctimas aumenta al menos a 10 cuando se suman a dos hombres acribillados en sus hamacas en la orilla del Río Suchiate, otros que ha quienes se les ha quitado la vida y cuyos cuerpos aparecen flotando en este afluente que divide Ayutla y México, todos en el mismo lapso. Los pobladores callan, pero en voz baja apuntan a un conflicto de drogas y el nombre Isel Súñiga, alcaldesa electa en junio por el Comité Cívico Crecer (CCC), se repite en este embrollo. ConCriterio escribió a la agrupación política, pero no respondieron.

El 20 de junio, cinco días antes de la primera vuelta electoral, Natanael Roblero, integrante activo de dicho comité, fue asesinado. La alcaldesa electa, Miss Guatemala 2017, escribió en Facebook: “estamos consternados por este hecho violento que segó la vida de nuestro amigo”

Emanuel Rivera, excandidato a diputado de San Marcos por el partido VALOR y expolicía especializado en crimen organizado: creo que este primer asesinato es el que da hilo a los demás y si no se controla será un conflicto que va a seguir creciendo.

En efecto, la ola de violencia se levantó.

La alcaldesa electa es hija de Érick Suñiga, alias “El Pocho”, alcalde de Ayutla durante 12 años, quien murió en 2020 en EE.UU. encarcelado desde 2019, cuando se entregó a la justicia estadounidense a raíz de una acusación de narcotráfico relacionado con el cártel de Sinaloa.

Tras su muerte, las hipótesis apuntan a que diferentes grupos locales disputan el poder en el municipio. Un mes después de ser electa alcaldesa, la madrugada del 20 de julio, 10 hombres armados llegaron a su vivienda y dispararon. Ella salió ilesa.

Los atacantes huyeron hacia México, según la Policía Nacional Civil, en tres vehículos, uno de los cuales fue incendiado. Igual ocurrió con los carros donde viajaban los asesinos de los agentes de la Policía Municipal.

¿Quién enluta a Ayutla?

La alcaldesa electa dijo en sus redes sociales la semana pasada: “…esta gente del crimen organizado ha atentado en contra de la Policía Municipal porque saben que brindan seguridad en el municipio. Esto ha sido bastante lamentable. Yo el 20 de julio también sufrí un atentado por el disgusto de algunas personas que quizá no salieron como ellos querían.”

La PNC envía informes escuetos sobre los hechos y no atienden entrevistas; el Ministerio Público (MP) responde que los casos están bajo investigación; Eustaquio Méndez, actual alcalde y concejal electo para la nueva administración, en una llamada con este reportero dijo:

“Para mí son riesgosas las informaciones que yo puedo dar, no puedo darlas por teléfono. Yo tengo que cuidar mi seguridad”.

Méndez era concejal primero en 2019, cuando Érick Suñiga se entregó ante la DEA, así que sustituyó por un mes al exalcalde. Ya en 2019 fue electo por el mismo comité cívicio CRECER y en 2024 entregará el poder a la primogénita de los 10 hijos de Súñiga, quien era gerente general de la municipalidad. Los vecinos aseguran que es ella quien gobierna y con su gestión, los Súñiga sumarán 20 años de poder en el territorio.

En la población hay zozobra, las personas temen salir a sus actividades habituales. Hay información de que trabajadores municipales renunciaron y el alcalde Méndez lo confirma, aunque no precisa cuántos empleados se fueron: «son pocos,» dijo en entrevista de radio.  Hay distintas versiones sobre la violencia: desde el cobro de una deuda por una tonelada de cocaína, hasta la teoría de que grupos mexicanos, hondureños y locales se disputan un territorio que sirve de paso a drogas y migrantes para llegar a México.