El gobierno estaba enterado cuatro días antes del riesgo de una orden de captura contra Ligia Hernández, fundadora y exdiputada del Movimiento Semilla. Era el objetivo más débil y próximo en la represalia que el Ministerio Público (MP) ejerce contra el partido oficial desde su victoria electoral en junio del 2023.

Las noticias indicaban que la acción de la Fiscal General apuntaba también a acusar a dos ministras, Anabella Giracca de Educación y Patricia Orantes de Ambiente y Recursos Naturales, pero las autoridades pronto desestimaron la alerta de esas acciones, debido a que ambas están protegidas por el antejuicio.

Ligia Hernández, como directora del Instituto de la Víctima, era la persona vulnerable. El Presidente Bernardo Arévalo pudo intentar ponerla a salvo nombrándola en cualquiera de las carteras de su gabinete para resguardarla con el derecho a antejuicio, una medida intempestiva y arriesgada, pero que reflejaría lealtad hacia su compañera de partido. No lo hizo, pese a un antecedente semejante.

Semanas atrás, y de manera sensata, el antiguo comisionado contra la Corrrupción, Santiago Palomo, fue convertido en Secretario de Comunicación del gobierno, justamente para protegerlo del MP que lo persigue sin descanso.

En cambio, con Ligia Hernández se eligió otra ruta. La decisión fue esperar a la orden de captura y, como una concesión graciosa de una institucionalidad empeñada en serle leal a un régimen de legalidad desvirtuado, el ministerio de Gobernación procuraría retrasar su arresto hasta deshoras para que la detenida fuera llevada ante el juez de turno y no ante el juez natural de la causa. El juez natural es Fredy Orellana –notoriamente coludido con el Ministerio Público para perseguir hasta anular al partido Semilla. Otro juzgador estaría más dispuesto a dictar una medida sustitutiva y permitir que Ligia Hernández volviera a su casa a guardar prisión preventiva en espera del desarrollo del proceso.  Las cosas, sin embargo, no salieron bien.

La noche de la captura, la jueza de turno, Carol Patricia Flores, trasladó la audiencia para recibir la primera declaración de la detenida al día siguiente.  A la primera hora de ese día, el juez Orellana exigió que la capturada fuera puesta a disposición de su juzgado y, como era de esperarse, en la primera audiencia la vinculó a proceso y le denegó la medida sustitutiva.

Ligia Hernández fue enviada a la prisión de Matamoros y ahí puede esperar, en el mejor de los casos, entre tres y cuatro meses en su celda. Dos compañeros suyos del partido le han ofrecido apoyo económico para afrontar este periodo sin salario.

El presidente Arévalo, que anunció esta semana que visitaría a Ligia Hernánez, omitió actuar con agilidad y determinación para ponerla a resguardo. Del mismo modo, el Presidente se ha mostrado indiferente ante las actuaciones contra la bancada oficial, a cuyos diputados les regatean facultades por orden del juez Orellana, avalado por la Corte de Constitucionalidad. Arévalo parece más empeñado en mostrarse respetuoso de un sistema de justicia en el cual solo creen los corruptos absueltos reunidos en un desayuno de oración para agradeder por su impunidad.

Ligia Hernández guarda prisión en representación del partido completo. Es la primera persona, la primera funcionaria, de quien el Ministerio Público logra echar mano. Las ambiciones de la Fiscalía van mucho más allá. En realidad, su objetivo es colocar al propio presidente Arévalo en una cárcel o bien forzarlo a salir del país hacia el exilio (suman 4 antejuicios presentados en su contra en menos de un año).

Pero el Presidente prefiere creer que todo algún día mágicamente se resolverá y él no tendrá que luchar para conseguirlo. Confía en las promesas vanas de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes le prometen que resolverán a favor de su gobierno y su partido en poco tiempo. Prefiere ver a los magistrados como amigos, antes que confrontarlos.

Además, confía en que las acciones torpes del Ministerio Público jamás serán suficientes para alcanzarlo. Tiene esperanzas en que no habrá magistrados suficientes en la Corte Suprema ni diputados en el Congreso para propiciar su salida. Se siente protegido y a buen resguardo, como en su momento, Ligia Hernández, confiada en él, creyó estarlo.