El 2023 trae consigo el evento electoral en el cual los guatemaltecos elegiremos a las nuevas autoridades que nos gobernarán entre 2024 y 2028. La segunda quincena de este mes, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocarán a elecciones, mientras ciertos procesos van en marcha, como la inscripción de ciudadanos en el Padrón Electoral, que a la fecha suma 8.8 millones de votantes.

Fuente: TSE.

Los políticos llaman al padrón “el corazón de las elecciones” y creen que en estos momentos necesita un cardiólogo, pues hay inconsistencias, dudas y vacíos legales que pueden afectar el evento electoral. César Romano, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), organización de la excandidata presidencial Sandra Torres, señala uno temas que más les preocupa:

Cuando se hizo la reforma al reglamento, nosotros nos opusimos a una contradicción: establecieron que el padrón se cierra 90 días antes de la elección -en el reglamento-, pero en el artículo 224 de la ley -reforma de 2016- dice que el cierre se establece 120 días antes del evento electoral.

Las organizaciones creen que hay una discrepancia legal que debe ser resuelta ya que argumentan que el reglamento no puede ser superior a la LEPP, la cual regula el cierre 120 días antes de las elecciones.

Kaneq Zapil, representante ante el TSE, del Movimiento Winaq, está de acuerdo:

Son 120 días antes de las elecciones: ahora se manejan dos plazos, pero las reformas de 2016 establecieron que 90 días antes se tiene que hacer público el padrón.

El artículo 224 de la ley establece que el TSE debe informar a las organizaciones políticas, en un plazo no menor de 90 días previos a la elección, las localidades donde se ubicarán las Juntas Receptoras de Votos, además que el Registro de Ciudadanos preparará el Padrón Electoral y lo cerrará 120 días antes de las elecciones generales.

ConCriterio llamó y escribió a Irma Palencia, presidenta del TSE, pero no respondió, también solicitó una entrevista con la jefa de la Dirección de Elaboración de Padrones, pero no hubo respuesta.

Esa controversia legal es tan solo una de las preocupaciones de los partidos políticos. Zapil dice que le preocupan los “acarreos” de personas para inscribirse en ciertos municipios favorecer a determinados candidatos, pues considera que hay poco control. Además:

En las reuniones que hemos tenido con las autoridades del TSE, hemos manifestado la preocupación en el proceso de empadronamiento:

∙       Poca capacidad de empadronar a jóvenes, grupo donde existe  un rezago

∙       La depuración,  esperamos que el Registro de Ciudadanos y el RENAP, hagan un buen trabajado, para evitar que haya personas fallecidas y que aún permanezcan en el padrón.

Las elecciones 2023 tendrán la particularidad de que deberá hacerse una depuración de los guatemaltecos que fallecieron por el Coronavirus y este punto no es menor para los políticos. Rodolfo Neuzte, integrante del Partido CREO:

El padrón electoral siempre genera muchas dudas especialmente por los muertos y no solo por el Covid, pero hay que confiar que el sistema de registro, que está alimentado por el Registro Nacional de las Personas (RENAP), esté lo más seguro para que la democracia se respete.

El portal de Covid del Ministerio de Salud reporta hasta ayer, 20 mil 04 fallecidos registrados. Francisco Coma, ministro de Salud, refiere que aunque las personas murieron en casa por la enfermedad, debieron ser reportados tanto al sistema de salud como al RENAP. Rafael Chiríz, administrador de cuatro cementerios de la capital, entre ellos La Verbena, el cual recibió a los fallecidos de 4 panteones públicos de la capital, dice que el acta de defunción es la boleta de ingreso a los cementerios. El documento es requisito tanto en públicos como privados.

Fuente: Ministerio de Salud.

Estos datos deben trasladarse al RENAP y este a su vez al TSE. En 2019, se cancelaron del padrón a 77 mil 565 por fallecimiento. Así también se inhabilitó a unos 50 mil Policías Civiles y municipales, militares a quienes la ley electoral excluye del padrón, así como a los ciudadanos condenados por actos delictivos.