Que Marco Rubio, el nuevo Secretario de Estado, haya incluido a Guatemala en su primera gira al exterior para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo subraya inequívocamente sólo una cosa: que la admnistración Trump tiene intereses que perseguir en este país y requiere la acción o colaboración del gobierno legalmente constituido. En su momento, Rubio abogó por el respeto al voto popular en Guatemala y rechazó los intentos de impedir que Arévalo llegara al poder. Pero el cabildeo de quienes apoyan a la dictadura judicial en el país, que procura la salida del Presidente del poder y la permanencia de Consuelo Porras en la Fiscalía se mantiene intensa y cuenta con aliados y abogados en el equipo de Donald Trump.

En el anuncio oficial de la gira del Secretario de Estado hasta hoy sólo se ha mencionado la reunión con el presidente Arévalo. Sin embargo, nada impediría que el secretario Rubio solicitara además una entrevista con la Fiscal General, aunque el gobierno de Arévalo considere esto un gesto inamistoso. Estados Unidos sin duda requiere de la cooperación del Ministerio Público para procesar a quienes promueven la inmigración ilegal hacia su territorio y bien podría pedir que gobierno y Fiscalía trabajen juntos. Pero requiere más de la cooperación de la fuerza pública guatemalteca para frenar el flujo de migrantes que atraviesa el territorio. La persecución penal tiende a tener menor impacto en el corto plazo que la acción de policías y soldados contra las caravanas o grupos de viajeros.

La pregunta es si el gobierno de Guatemala se atreverá a plantearle a Estados Unidos que una comunicación directa de sus más altos funcionarios con quien ha dirigido el embate contra la elección de Arévalo sería considerado un acto desleal. Otra cosa es que a Washington le importe en algo lo que Guatemala le diga.

A Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, un político que intentó permanecer a la fuerza en el poder tras perder las elecciones en 2020, poco puede importarle la democracia en un país de su periferia, y lo único que le interesa es alcanzar sus objetivos y defender sus intereses. Uno de estos es detener el avance de la influencia de China Popular en la región. Y Guatemala de forma prudente (o cobarde, según quiera verse) es la única nación de Centroamérica que da la espalda a Beijing. Ese es un punto a favor de Arévalo.

Su otro interés es detener el flujo de migrantes. ¿Podrá, querrá el gobierno de Bernardo Arévalo esforzarse en demostrarle al Departamento de Estado, a Washington, que la actuación de Consuelo Porras y sus aliados de la impunidad para la corrupción obstaculizan el alcance de los intereses estratégicos de Estados Unidos en Guatemala? Eso no es demasiado difícil. Devolverle la libertad y sus fortunas mal habidas a los ex funcionarios corruptos, por ejemplo, contradice todo esfuerzo por hacer efectivo al Estado de Guatemala y sus instituciones para mejorar las condiciones de vida de las personas que luego se lanzan a su frontera sur. Crea incentivos para la corrupción y aunque favorece el enriquecimiento de quienes se dicen sus aliados ideológicos hace mucho más complicado llevar bienestar a la mayoría de personas.

Para los defensores y seguidores de Consuelo Porras seguramente sería un desaire, un golpe negativo de efecto que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos la ignore en su visita al país. Pero nada que no pueda ser reparado luego con una oportuna devolución de su visa y una invitación a fotografiarse en Washington con cualquier funcionario de segunda categoría. Una acción de este tipo, poco amistosa con el gobierno guatemalteco,tendría más probabilidades de darse si la administración de Arévalo fallara en satisfacer los intereses de Washington. Y eso se antoja poco probable.