Hay dos empresas que impugnan el negocio del arrendamiento de brazaletes que pretenden establecer control telemático a aquellos procesados en casos penales que en régimen de prisión preventiva, sean confinados a su residencia.

El contrato por Q214 millones fue adjudicado el 31 de enero a la empresa Innova Outsourcing, pero sus competidores alegan irregularidades y piden anular el proceso. Se trata de:

• Tecnología Acceso y Seguridad S.A (TAS) con la oferta más económica -Q210.2 millones. Y
• Global Position S.A, con la oferta más cara con -Q222.5 millones-

Las tres empresas hicieron pruebas para los dispositivos que serán colocados en las personas: fueron sumergidos en agua durante cinco minutos y golpeados con un martillo, entre otras evaluaciones.

Karla María Pérez, representante legal de Global Position, dijo que estos procedimientos se llevaron cabo por separado, a cada empresa se le asignó un día, pero no existe calificación, así que no hay certeza de la calidad de los otros aparatos. Tampoco se emitieron consideraciones:

Al momento de adjudicar, cada empresa tiene una calificación y no se sabe cómo se obtuvo esos porcentajes.

Los aspectos evaluados por la Junta de Licitación fueron: precio, experiencia, experiencia por casos de violencia doméstica y pruebas del dispositivo. La empresa ganadora obtuvo 99 puntos; TAS, 95; y Global Solution 73. La representante apela:

En la realización de las pruebas, indica que cada empresa cumplió con todo, no hay nada que varíe.  en donde tuvimos baja calificación fue en experiencia, pero nosotros contamos con un respaldo internacional en el que la empresa lleva trabajando más de 20 años y entonces es contradictorio. No nos dicen qué tiene la otra empresa que nosotros no tengamos para aceptar que están en lo correcto.

José Nimatuj, gerente administrativo y representante legal de TAS, respondió vía telefónica que no está autorizado para dar la información, más allá de la publicada en el portal. En Guatecompras, la impugnación firmada por él señala que fue ilegal la participación de Miguel Eduardo Paredes Zacarias y Evelyn Amarilis Aguilar Canizales, dos de los cinco integrantes de la junta licitadora, pues según la inconformidad, estos  evaluadores ya habían emitido opinión favorable para Innova Outsourcing en dos eventos anteriores del mismo proceso, pero que finalmente quedaron desiertos.

Pablo Castillo, comunicador del Ministerio de Gobernación, cartera a cargo del proceso, respondió que “en este momento por el procedimiento legal, no podemos emitir ninguna declaración: hay dos empresas que impugnaron y la Junta de Licitación se encuentra en proceso de evaluación; emitir algún comentario podría malinterpretarse con presión o inclinación a cierta empresa”.

Este reportero también llamó a la empresa Innova Outsourcing y aunque respondieron que Fredy García, representante legal, respondería, al cierre de la nota no sucedió.

Esta empresa, desde 2012 a la fecha, ha ganado Q290.6 millones en negocios con el Estado. Su contrato más oneroso sería este, por Q214 millones; Q45.8 millones más los ganó en los años de la pandemia, 2020 y 2021, cuando apareció, en una en la larga lista de donantes del desaparecido Centro de Gobierno, para instalar hospitales provisionales, ellos colaboraron con logística y tecnología. A Pérez, esto le genera suspicacia:

Ellos apoyaron anteriormente al gobierno y ahora tienen bastantes opciones a compra sin ningún problema.

Leonel Lira, exdiputado, promotor de la ley, cree que si se logra adjudicar el contrato, podría estar listo para 2023, pero antes:

Se tienen que ver temas de licencias, construcción del centro, capacitación de los técnicos y PNC en cuanto a la cobertura cuando haya llamados de señal y la parte jurídica, preparación de los jueces para emitir las resoluciones.

El dispositivo, según la ley, se aplicará a criterio de juez competente. El aparato será financiado por el sindicado, salvo criterio del juez, previo estudio socioeconómico del sujeto.