En abril de 2016 el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron las investigaciones del caso conocido como TCQ -Terminal de Contenedores Quetzal-.

La acusación el MP involucra al exbinomio presidencial del Partido Patriota y 15 personas más entre ellos el español Ángel Pérez Maura, exvicepresidente de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), propietaria original de TCQ.

Pérez Maura junto con Juan José Suárez, entonces director general de TCQ, firmaron un contrato con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.

CASO TCQ

Pero TCQ fue acusada de pagar US$ 24 millones en soborno a cambio de tener el control de las operaciones de la portuaria del país.

Ángel Pérez Maura es considerado prófugo de la justicia, se encuentra en su país de origen, España, y desde abril de 2016 se giró orden de captura internacional con fines de extradición, pero la justicia española respondió que no es extraditable.

Anabella Morfín, exprocuradora General de la Nación, considera que el MP debe buscar la manera de deducir responsabilidades porque con ese contrato significa pérdidas y retrocesos para Guatemala:

De acuerdo con los términos en los que se celebró ese usufructo oneroso, Guatemala estaba renunciando a la propiedad de esas grúas a la hora de concluir el contrato, además en una cláusula no se permitía la instalación de una máquina de rayos X. Ese puerto puedo haber sido dedicado al ingreso y egreso de ilícitos porque no había el compromiso de la empresa y del Estado en los controles del puerto

Alexander Aizenstatd, exinterventor de TCQ nombrado por el MP y la CICIG.

“Lo que más me sorprendió de mi experiencia en el puerto fue ver todos los grupos de poder que actúan para evitar la transparencia, no solo desde su operación sino en construcción, era una oportunidad para poner a funcionar un puerto con instalaciones modernas y transparentes”.

Respecto a la responsabilidad penal de Pérez Maura, Aizenstatd dijo: Como abogado internacionalista hay un principio de derecho internacional que se llama extraditar o juzgar, reconocido en varias convenciones internacionales, incluyendo convenciones contra la corrupción que establecen que si un país no extraditar, debe juzgar

En marzo 2018 fueron enviados a juicio seis de los procesados, mientras que 5 más, entre ellos Pérez Maura se encuentra prófugos de la justicia.