En Santa Cruz del Quiché, la justicia maya está vigente y es aplicada por autoridades indígenas contra quienes cometen faltas o delitos.

El fin de semana pasado las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché revalidaron la práctica de azotar 12 veces con la rama de árbol a quienes cometan actos ilícitos o deshonestos. Otro castigos de esta justicia ancestral consiste en hacer dar tres vueltas de rodillas al parque y luego pegarles con las ramas a quien transgrede los códigos.

La medida de los santa cruceños revive el reciente debate en torno a la jurisdicción indígena. Las sentencias de las autoridades, esas que implican castigos corporales ¿violan los derechos humanos de los acusados?

Nuestros entrevistados tienen criterios diferentes:

El saliente Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, opina que estas prácticas no deben permitirse porque según él constituyen tortura y violan los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.

«Ninguna práctica por ancestral que sea puede violentar la dignidad del ser humano, Guatemala es signatario de convenios internacionales en materia de derechos Humanos, y por lo tanto nada justifica esas prácticas, los propios castigos de las comunidades deben acoplarse a las realidades nacionales y a los nuevos estándares de derechos”

El recién electo Magistrado de Conciencia, Jordán Rodas, que el próximo 20 de agosto asumirá el cargo en la PDH, dice estos actos no pueden valorarse cuando se vulnera los derechos de las personas, sin embargo opina que deben entenderse y fortalecerse la justicia indígena.

“Para fortalecerla hay que conocerla, hay que tener un dialogo con las autoridades indígenas para comprender por qué de esas acciones, por qué en el derecho occidental está la pena de muerte, va más allá de la dignidad, ahí se quita la vida de las personas, hay que tener una visión integral de la justicia”

El diputado, Amilcar Pop, responde que el sistema de justicia de las comunidades es legal y lícito, así explicó que desde el punto de vista jurídico no es correcto cuestionar el mecanismo de sanción de los pueblos indígenas, pues considera despectivo el hecho de desafiarlo.

“Están en su justo derecho de sancionar y ejercer sus sistema jurídico de acuerdo al derecho jurídico; ahora bien, el llamado azote, en cuando no contravenga el articulo uno de la convención contra la tortura, ya está demostrado que puede ser una sanción legitima”

El congresista acotó que todo castigo jurídico restringe derechos fundamentales de la persona

“La cárcel limita el derecho fundamental de la libre locomoción, educación, cualquiera y todos los derechos fundamentales”

La convención interamericana contra la tortura establece que los estados se obligan a prevenir y sancionar la tortura que es todo acto realizado intencionalmente por el cual se somete a una persona a penas o sufrimiento físicos o mentales, castigos personales, como medida preventiva, como pena o como cualquier otro fin.

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