Edy Josué Romero Tzin, opositor al rector Walter Mazariegos, fue asesinado y su crimen, juntos a renuncias posteriores y cambios en las normas electorales alimentan las sospechas de una reelección forzada.
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La salida de Consuelo Porras del Ministerio Público deja a funcionarios y fiscales bajo posible escrutinio judicial. Las decisiones cuestionadas, sobreseimientos y declaraciones públicas, además de casos de criminalización, podrían derivar en investigaciones y responsabilidades penales, incluso para quienes ya abandonaron la institución.
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La construcción del proyecto del Aerómetro arrancó en la ciudad de Guatemala, pero enfrenta cuestionamientos de urbanistas, académicos y exfuncionarios municipales pues apuntan a un beneficio menor y limitante de futuros proyectos.
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La suspensión del presupuesto 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad obliga al Gobierno a operar con el plan de gastos de 2025, con 10% menos de fondos. Diputados oficialistas y de oposición coinciden en que el Congreso puede aprobar una ampliación presupuestaria y el ministerio de Finanzas prepara una contrapropuesta técnica.
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Las elecciones de segundo grado de 2026 definirán el balance de poder presidencial de Bernardo Arévalo en su tercer y cuarto año. La designación del nuevo fiscal general y la renovación de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral marcarán si el mandatario logra fortalecer su autoridad o confirma sus limitaciones políticas.
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La fuga de integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha provocó una crisis política, destituciones de alto nivel y empujó al Estado a implementar, por primera vez, un enrolamiento biométrico masivo tanto de reclusos como de sus visitantes.
Leer másAlta Verapaz enfrenta una tragedia: hay mas muertes por sucidios que por violencia. El departamento revela una crisis profunda marcada por pobreza, desnutrición infantil, conflictos por la tierra, violencia sexual y abandono institucional.
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Los casos de María Fernanda Bonilla, Kevin Malouf y Carlos Acevedo han impactado a la opinión pública por su brutalidad y frialdad.
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La administración del presidente Bernardo Arévalo enfrenta una sucesión de crisis sociales y de seguridad que, según analistas, evidencian un grave fallo en el sistema de inteligencia del Estado.
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El avance del partido Alternativa por Alemania (AfD), que propone deportaciones masivas, preocupa a la comunidad guatemalteca en ese país. Especialmente tras la divulgación de una reunión entre el embajador de Guatemala en Alemania y diputados de dicho partido.
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La elección de candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad enfrenta al gremio de abogados con dos figuras polémicas: Nester Vásquez y Estuardo Gálvez, cuya disputa se perfila como una de las más cerradas en el CANG.
A medio año del sismo de 5.6 grados que dejó 30 mil personas afectadas, el subsidio aprobado por el Congreso no llega a los damnificados. Aunque Q82 millones fueron destinados a reconstrucción, los trámites y la falta de verificación de daños mantienen a cientos de familias viviendo entre ruinas, mientras parroquias y vecinos asumen tareas que el Estado no ha cumplido
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La reducción de la desnutrición crónica enfrenta un panorama complejo. El país no actualiza sus indicadores desde la encuesta de 2015, que registró una prevalencia de 46.5% en niños menores de cinco años. Aunque se han invertido Q10.4 millardos en programas de seguridad alimentaria, especialistas señalan que muchas intervenciones no atacan las causas estructurales del retraso en talla.
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El asesinato de Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, reavivó el miedo entre los habitantes de Escuintla, un departamento golpeado por un repunte violento que dejó 44 muertes solo en noviembre.
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Aunque falta mucho para la campaña electoral para 2027, figuras como Sandra Torres, Armando Castillo, Roberto Arzú y Carlos Pineda -entre otros-ya recorren territorios o se promocionan. Expertosl reconocen que el plazo oficial de 90 días es limitado; aunque las actividades adelantadas podrían otorgar ventajas no reguladas a quienes ya se movilizan.
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Las fiestas patronales de Guatemala han perdido su sentido original para transformarse en espectáculos de poder donde caballos purasangre, armas y dinero ilícito dominan la escena. Sacerdotes y defensores de derechos humanos denuncian la normalización del crimen y la participación de autoridades y políticos en estos eventos.
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En Guatemala, los accidentes de tránsito han cobrado 24 mil 686 vidas en los últimos 14 años y dejado 114 mil 294 heridos, un costo insostenible para el sistema de salud pública. El trágico accidente del Puente Belice, con 54 víctimas, expuso nuevamente la falta de control en el transporte colectivo, donde las reformas siguen estancadas y los pilotos operan sin supervisión efectiva.
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La construcción de obra pública camina a vuelta de rueda en el país: expropiar terrenos para la vía es complejo y la legislación es anticuada como para agilizar el paso.
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El Congreso autorizó una reasignación de Q1.7 millardos para que el Ministerio de Comunicaciones pueda intervenir proyectos viales suspendidos por más de seis meses. La medida permitirá realizar mantenimiento excepcional en obras abandonadas, incluidas rutas nacionales y puentes claves, mientras se elabora un inventario de más de 900 proyectos en impasse. El decreto también busca proteger a los funcionarios de eventuales consecuencias judiciales al ejecutar estas intervenciones.
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Un empresario ha enfrentado por ocho años a la Municipalidad de Guatemala: denuncias penales y una inhabilitación impuesta, tras un error de la comuna en los planos de un instituto en zona 18. Un examen de la Contraloría confirmó que la planificación municipal estaba incompleta y que el constructor no incumplió el contrato. Aunque la denuncia fue desestimada y la Corte de Cosntitucionalidad ordenó rehabilitarlo, el daño ya está hecho: la obra quedó abandonada y su empresa no ha podido contratar de nuevo con el Estado.
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