Mientras la crisis por los precios de los combustibles ha obligado a miles de guatemaltecos a reducir viajes en sus vehículos, utilizar motocicleta o recurrir a transporte público, los alcaldes, funcionarios de gobierno y sus comitivas, obtienen automóviles y combustible para movilizarse, en teoría, a diligencias de trabajo. Esa línea frágil, sin embargo, es frágil: circulan para sus asuntos personales sin invertir un centavo de su bolsillo. Es lo que han documentado denuncias del pasado, pero además los propios trabajadores públicos.
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