La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha permanecido cerrada por casi cuatro años: la pandemia, primero, y problemas políticos que generó la elección de Walter Mazariegos, en 2022, después, no han permitido que los estudiantes reciban clases de manera presencial.

Los docentes no tienen certeza de cómo continuarán el próximo año. Arturo Villagrán, docente de la Facultad de Odontología: ha costado enormemente volver a la presencialidad, porque las autoridades -rector y una buena parte del Consejo Superior- siguen tratando esto desde el punto de vista político. A ellos no les conviene abrir el campus, porque saben que se les va a venir una buena cantidad de protestas a lo interno, es el temor a que se organice la sociedad, es un reflejo de lo que está pasando adentro.

La USAC es la única universidad pública en el país. Para 2023 tiene una asignación de presupuesto de Q2.5 millardos, y para 2024 el Congreso asignó Q62.9 millones más con lo que subirá a Q2.6 millardos. Este año hay inscritos 214 mil 497 estudiantes.

Walter Mazariegos, es señalado cometer fraude para su elección.

Este reportero habló con un estudiante que este año cierra la carrera de Ciencias Jurídicas y, en 5 años, solo en 2019 asistió presencialmente a clases, el resto del tiempo -los 4 años restante- han sido virtuales. Pero, hay carreras que el cierre de la universidad ha representado un importante tropiezo para su formación. Debby Batres, es una estudiante de Odontología de 27 años, y está por cumplir cuatro años de retraso. En 2020 debía iniciar prácticas en el laboratorio del campus central:

Yo cerré quinto año en 2019, ese año celebramos nuestro cierre. En 2020 iba a empezar práctica clínica, pero solo estuve 2 meses cuando llegó la pandemia.

A finales de 2021 y principios 2022 pudo continuar su práctica, pero en abril llegó la toma de la USAC y después de un año los estudiantes entregaron las instalaciones el pasado mes de junio, pero: hemos retomado a medias, porque luego para los bloqueos cerraron; luego pusieron excusas de que iban a fumigar dos semanas, después que porque no había agua, también se excusaron por falta de electricidad. Hasta ahora que ya retomamos.

Migración a universidades privadas

Esos problemas tuvieron un impacto grave en la Facultad de Odontología y la estudiante lo expresa: «Ya un montón se pasaron a la Universidad Panamericana (UPANA), quizá la mitad hicieron equivalencias ahí, porque ahí sacaron un programa para estudiantes con pensum cerrado».

Villagrán, docente de esta facultad confirma que los estudiantes optaron por una universidad privada. “Casi la mitad se han ido de la facultad, pero no todos se fueron a estudiar odontología, porque estudiar esta carrera en una universidad privada es cara; muchos desistieron o están estudiando otra cosa. Es un drama terrible para la educación superior. Tuvimos conocimiento que les estaban cobrando entre Q75 mil y Q80 mil solo por aceptarlos.

La estudiante afirma que, de 500 estudiantes pendientes de requisitos para concluir, solo queda la mitad. También confirma que ella cotizó en la universidad privada y que tenía un costo de Q100 mil, que incluían las equivalencias y un año de clínica.

La desocupación del campus ocurrió en junio, y esta semana las autoridades aseguraron que han avanzado con 95% de rehabilitación. La estudiante llegó al laboratorio de la facultad en octubre y: destrozos no habían, más que grama y no entendíamos cómo desde junio no la han cortado, casi solo nuestro edificio se ve con mantenimiento a la fecha. Todo lo demás nítido, nosotros teníamos lockers con cosas caras ahí y todos estaban cerrados”.

El viernes en una grabación divulgada por la Universidad, Urías Guzmán, de la comisión de recuperación aseguró que el monto de daños por la toma de la universidad asciende a Q90 millones. ConCriterio solicitó entrevista con el rector Walter Mazariegos, pero no atiende a la prensa. Mazariegos, señalado de fraude en la elección, lleva 16 meses en el cargo, tiempo en el que ha devengado Q790 mil 608; su sueldo mensual es de Q48 mil 438, más Q975 de gastos de representación.