Una encuesta realizada por la consultora CID Gallup durante la última semana de mayo reveló que los guatemaltecos condenan la corrupción en los políticos, pero la aceptan más entre ciudadanos: el 47% de los encuestados piensa que los sobornos son justificados ante la ineficiencia del Estado.

Jorge Mario García Laguardia, expresidente de la Corte de Constitucionalidad y exProcurador de los Derechos Humanos, señala una cultura de corrupción generalizada:

“Yo creo que es necesario revisar la conducta general de la sociedad. Esta sociedad está corrupta en términos generales. ¿Qué sociedad puede tener un futuro ordenado en esas condiciones?”

Los resultados del estudio revelan que 8 de 10 entrevistados considera que es corrupción y merece castigo si un congresista acepta USD$10 mil dólares de una empresa y luego legisla a favor de esta. El 59% opinó lo mismo cuando un funcionario que le consigue empleo en el Estado a un familiar.

Por otro lado, solo la mitad cree que es corrupción si una madre paga Q40 extra a un empleado del Registro Nacional de las Personas (Renap) para agilizar el retiro de documentos. Casi 5 de 10 participantes aseguraron que esto no era corrupción o que, de serlo, estaba justificada. 

Eddie Cux, director de Acción Ciudadana, considera que la tolerancia a la corrupción en el nivel micro, revela que existe una falsa percepción de que dichos actos no perjudican a nadie:

“Este tipo de corrupción sí afecta a toda la población. El hecho es que esta estructura así comienza y puede llegar a ser una superestructura de corrupción dentro de las instituciones públicas.”

Cux añade que el ejemplo de la madre refleja que la corrupción tiene efectos diferenciados:

“La mujer prácticamente es extorsionada muchas veces en los servicios públicos para poder obtenerlos. Afecta de forma diferenciada a las mujeres y a los sectores vulnerables de la población que tienen necesidad a los servicios públicos y acceden a ese tipo de soluciones para poderlos obtener.”

Luis Roberto Haug, director regional de CID Gallup, expuso que la muestra representativa de la encuesta fueron ciudadanos de 18 años y más, residentes del país con celular activo. Esta contó con 1 mil 200 personas. Haug añadió que la edad afectó las respuestas:

“Encontramos que aquellas personas con mayor edad tienden a ser más estrictos con los distintos casos de corrupción. Y en mayores proporciones consideran que aquellos que incurren en estos hechos delictivos deberían ser juzgados e incluso pagar por sus distintas penas.”

Otra variable jugó un papel importante: quienes más frecuentemente justificaron el soborno a nivel de ciudadanía fueron las personas con educación superior. Esto lo explica Cux:

“La educación es una cosa y la cultura de transparencia es otra. (La gente) por más estudios que se tengan no comprende qué es la corrupción y eso tiene mucho que ver con el sistema educativo que tenemos. No hay una cultura de transparencia que se promueva por parte del estado. Por ejemplo, en un estudio que sacó transparencia internacional el año pasado, el Barómetro de la Corrupción, se dice que la gente acepta que un funcionario cometa corrupción siempre y cuando haga algo para la población.”