El 7 de junio la bancada Valor presentó la iniciativa de ley 5920 que de nuevo vuelve al pasado y propone eximir de responsabilidad penal a quienes participaron en el conflicto armado, pero además apunta a anular todos los fallos relacionados con los crímenes de la guerra.

Los esfuerzos de la Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación no son nuevos. Hace solo cuatro meses la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo que obligó al Congreso a engavetar el proyecto de amnistía 5377, impulsado en 2019 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional con un fin similar. 

Lucrecia de Palomo, legisladora del mismo partido, considera que la decisión de la CC fue ilegal:

“Usted ha vivido, como hemos vivido todos nosotros, todas las resoluciones de la corte los últimos años. Muchas de ellas ilegales. Hubo varias resoluciones, no solo en este tema, que son ilegales totalmente.”

La sustancia de la nueva iniciativa la explica Antonio Arenales, también ponente del mismo partido, quien argumenta que los militares ahora condenados fueron juzgados por delitos no solo prescritos, sino que además no existían cuando ocurrieron los hechos.

El abogado constitucionalista, Alexander Aizenstatd, asegura que la iniciativa no florecerá:

“Pocos temas han sido tan claramente resueltos por el derecho guatemalteco y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la prohibición de la Amnistía: es claramente inconstitucional.  La Ley de Reconciliación Nacional excluye ciertos delitos, eso ya ha sido objeto de numerosas acciones ante la Corte de Constitucionalidad, de diversas magistraturas, y todas han sido consientes en decir que no puede otorgarse una amnistía para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros delitos cometidos durante el conflicto armado.”

Aunque la CC emitió el último fallo, la nueva magistratura cuenta con integrantes recién llegados. Lucía Xiloj, abogada especializada en derechos humanos, dice que la ley no es viable jurídicamente, pero reconoce que hay un momento político:

“Si lo vemos desde el punto de vista político, la correlación de poderes en la Corte de Constitucionalidad, garantiza que, de presentarse una acción en contra de esa iniciativa de ley, no tendría futuro. En voto disidente ya el magistrado Molina Barreto señaló que no se puede cuestionar esa presunción de legalidad y esa iniciativa que tiene el Congreso de emitir leyes.” 

El magistrado suplente, Luis Rosales, apenas dejó la curul en el Congreso a la cual llegó justamente por el partido Valor, ponente de la nueva propuesta. El abogado fue, además, parte de la defensa de Efraín Ríos Montt durante el proceso por genocidio. Y Dina Ochoa, magistrada titular, era integrante de la Sala de Apelaciones que dictaminó en 2015 que el exjefe de Estado no debía ser enviado al hospital Federico Mora, donde se pretendía esclarecer si padecía demencia senil como sustentaba su defensa.

Xiloj añade:

 “Ahora tomando en cuenta como esta integrada la Corte de Constitucionalidad, por eso es que se animan a presentar esta iniciativa.”

Otros dos magistrados suplent es de la actual CC han tenido posturas respecto a los crímenes cometidos durante la guerra. Walter Jiménez, como juez de sentencia de Chimaltenango, intervino en la primera condena contra un militar retirado, caso Choatalum y contra un excombatiente de la guerrilla, en el caso de la masacre del Aguacate.

Rony López asesoró la tesis de la jueza Irma Jeannette Valdés Rodas, quien proponía fortalecer la legislación que protege a las víctimas de las masacres para que participen más en los juicios, especialmente en los procesos de Genocidio.