A las 9.30 de la noche de ayer con 107 votos el Congreso dio luz verde al contrato de US$125 millones para la construcción de 42 kilómetros de una autopista internacional en la ruta Escuintla-Puerto Quetzal. Se trata del primer proyecto de alianza público privada, que la anterior legislatura había sepultado en 2019 cuando solo 30 congresistas votaron a favor y 50 en contra en su tercera lectura.  Pero la Corte de Constitucionalidad (CC) conminó al Congreso a retrotraer el proceso a la tercera lectura al considerar que se entró a votar sin cumplirse con el quorum requerido, así lo alegó Consorcio Autopistas de Guatemala, S.A. (CONVIA) ganadora de la licitación. Y ayer la votación se revirtió con solo 21 votos en contra.

El contrato consta de 97 cláusulas y 12 anexos.

La cláusula décima primera establece que el proyecto estará sujeto al cobro de peaje, desde el inicio de la Fase de Explotación:

• Tramo Principal en quince quetzales (Q 15.00) por eje, equivalente a vehículo liviano
• El Circuito Portuario será de treinta y seis centavos (Q 0.36) por kilómetro por eje para vehículo de carga; Para el cálculo de las Tarifas Específicas por tipo de vehículo, deberá utilizarse la Tarifa base por el número de ejes.

La concesión es de 25 años a partir de la aprobación en el Congreso, uno de los puntos que genera mayor expectativa son las ganancias para el Estado. El documento establece que:

“Durante los primeros 8 años, el canon será del 4% y desde el año 9 de la Fase de explotación hasta la terminación del contrato, será de 41.13%”. El gerente de CONVIA explica la distribución de los fondos:

Del año que inicia la operación al año nueve se reparte un canon de 4%: 3.2% a los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) de Escuintla, Masagua, Puerto San José e Iztapa. El 0.8 al fondo común del gobierno. A partir del año 9 que se paga 40% y los COMUDES recibirán 16.4%, el fondo común 16.4% y 8.2% los Consejo de Desarrollo a nivel nacional.

Aura Orantes, alcaldesa de Masagua, Escuintla, uno de los municipios que tendrán impacto por la construcción de la autopista dice que su comuna está en desacuerdo:

El pueblo se ha manifestado en desacuerdo porque consideran que se trata de una privatización. La mayor proporción de la carretera está en Masagua y si cobran peaje, a nosotros nos tocaría pagar por entrar a nuestro propio municipio y no nos están exonerando.

El documento establece que:

• vehículos livianos y motos de propiedad de las personas que viven en las comunidades del área de influencia, tendrán un descuento de setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa específica.

La jefa edil se queja que el proyecto no fue socializado y, lo mismo dice Walter Nájera, alcalde de Sipacate, Escuintla. Este jefe edil también recibió retroalimentación de sus vecinos:

Hay muchos transportistas que se han abocado a nosotros y que están inconformes porque no quieren estar pagando el derecho de uso de la carretera.

Para este grupo también se podrán emitir “tarifas promocionales”:

• Buses de transporte extraurbano y urbano de pasajeros de la región, de dos ejes, tendrán un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa específica.

Nájera pese a los reclamos de sus vecinos cree que el gobierno no tiene la capacidad para mantener en buen estado las carreteras del país y eso resta competitividad y desarrollo.

Juan Carlos Rivera, diputado de Victoria uno de los bloques opositores a esta construcción expresó el motivo de su oposición:

Nos oponemos porque el peaje lo quieren construir en una carretera existente, entonces no creemos que sea justo que una inversión que se hizo con los impuestos de los guatemaltecos y que ahora se dé en concesión de una empresa privada para que lo reconstruya y que además les cobre peaje.

Tras quedar aprobado el decreto, Gustavo Cruz, diputado del bloque BIEN por Escuintla, expresó: mi voto fue en contra y agradezco a los diputados de Escuintla que también se opusieron en respuesta a la demanda de la población del departamento.

El proyecto deberá construirse en los próximos 18 meses.