Congreso: Las presiones para una indemnización a veteranos del conflicto armado interno

Congreso: Las presiones para una indemnización a veteranos del conflicto armado interno

Escrito por José Manuel Patzán

14 Ene, 2022

Una iniciativa de ley que fue presentada ayer por diputados de diferentes bancadas, contempla la creación del Programa del Servicio Cívico Ambiental, para que los veteranos del conflicto armado interno efectúen trabajos de reforestación a cambio de una indemnización de Q60 mil, sin que se tenga claro de donde saldrán los fondos para pagarles.

Si se aprueba esta ley, se pagará un bono de Q20 mil por tres años a militares, algunos de los cuales han bloqueado carreteras y el 19 de octubre pasado incluso quemaron vehículos e instalaciones del Congreso, molestos porque no se aprobó la iniciativa 5664 que estipula un pago de Q120 mil para cada uno de los veteranos.

En los motivos de la iniciativa presentada se indica que es necesario que el Estado de Guatemala reconozca, por medio de una indemnización, el servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento armado interno y porque sufrieron eventos traumáticos que no han podido superar.

Los parlamentarios también argumentan en el proyecto que cada año se pierden 132,137 hectáreas de bosque en el territorio nacional, lo cual es posible evitar con un programa de civismo en materia ambiental. La iniciativa refiere que no solo harán trabajos de reforestación, sino también proyectos de limpieza, clasificación de desechos y reciclaje, así como “cualquier otro proyecto de conservación, protección y mantenimiento del medio ambiente que la autoridad encargada considere procedente”.

El programa estará a cargo de los ministerios de Ambiente, que velará porque se cumpla con los trabajos de reforestación y Desarrollo Social, que hará los pagos.

Veteranos de guerra aplaudieron a los diputados ponentes de la iniciativa de ley.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, hizo el anuncio a un grupo de veteranos que se encontraban afuera del palacio legislativo, quienes recibieron la noticia con aplausos.

Aunque la reacción no fue la misma para todos. El sargento retirado, Antonio Pérez  Lux, director de la Asociación de Veteranos de Guerra, dice que son 16 organizaciones que no están de acuerdo con esta iniciativa, puesto que muchos están enfermos y no están capacitados para trabajar. También advierte que de no aprobarse la ley 5664, volverán a las calles para presionar al gobierno.

«La única solución que tiene el veterano es hacer presión a través de manifestaciones. En mi caso me siento con fuerzas para trabajar, pero no puedo hablar por los que están enfermos, cansados y no pueden sembrar árboles, yo fui herido de bala en tres ocasiones y estoy lisiado».

Lo mismo opina Diego Ismael Pacheco de 56 años y coordinador de la Asociación de Desarrollo Local  de Veteranos Militares de Tropa del Ejército de Guatemala (Avidentregua) en Petén, pues asegura que no tiene más fuerza para trabajar y vive de su jubilación después de trabajar como agente de la Policía Nacional Civil.

Samuel Pérez, diputado del partido Semilla e integrante de la Comisión de Finanzas, dice  desconocer de dónde saldrán los fondos para la indemnización de los militares.

«Ahora empieza el trámite legislativo, tiene que leerse en el pleno, asignarse comisión, falta un proceso largo.La iniciativa dice que se pagarán veinte mil quetzales pero no dice a cuántas personas. El pago es a plazos y esto va generar conflicto con el próximo gobierno».

El Ministerio de la Defensa efectúa un proceso de depuración para determinar la cantidad de veteranos que serán incluidos en el programa. 

En el artículo 9 de la iniciativa, se indica que para la ejecución del programa  se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas que programe, en el presupuesto de los tres períodos fiscales, el monto de los beneficiarios registrados por veinte mil quetzales anuales de los ingresos corrientes del Estado.

Entre los ponentes de la iniciativa se encuentran los diputados Manuel Conde Orellana y Duay Martínez, presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Finanzas Públicas, respectivamente, así como los parlamentarios Mario Azurdia, Napoleón Rojas y José Alejandro de León.