Hay jueces y magistrados que consideran las reformas a la ley la Ley del Organismo Judicial que promueve Shirley Riva, presidenta del Congreso de la República, solo provocará daños. Eso afirma el juez Carlos Ruano, juez de 42 años titular del Tribunal Noveno de Sentencia, cuya renuncia fue aceptada la semana pasada:
“Ahora con esta reforma, automáticamente el Consejo de la Carrera Judicial queda como un órgano decorativo, pero no así de decisión y menos de autoridad sobre los jueces”.
Ricardo Gómez Damman, juez de Primera Instancia de la Niñez de Chimaltenango, un jurista de 70 años y carrera judicial de 20, considera un retroceso la iniciativa 6239, a un paso de su tercera lectura y redacción final. Su fin principal radica en la potestad que otorga a la CSJ y a su presidente de cambiar, trasladar, ascender, separar y excluir de la carrera judicial a jueces. Además de “solicitar de parte interesada informes sobre la marcha de administración de justicia”.
Me perjudica mi independencia judicial porque yo tengo derecho al Consejo de la Carrera Judicial, que específicamente se relaciona con los puestos; a nosotros el Consejo nos hace una entrevista anual, pero yo no quiero que este procedimiento me la haga, por ejemplo, la Presidenta de la Corte o alguien delegado por ella. Le está quitando atributos al Consejo, y no podemos quedarnos en manos de una persona que en cualquier momento pueda despedirnos.
En 2016 el Congreso aprobó la Ley de la Carrera Judicial y su implementación empezó en 2017. Su principio se basa en la independencia, imparcialidad y estabilidad de los jueces y estableció órganos como el Consejo de la Carrera Judicial para la administración y operación de los jueces y garantizar su independencia.
La renovación de los nombramientos y los ascensos se efectúa sobre evaluación de desempeño. Por ejemplo, el juzgador de Chimaltenango ha sido calificado con 85 puntos. La Ley de la Carrera Judicial establece que las sanciones las impondrán la Junta Disciplinaria Judicial, salvo la destitución, la cual deberá ser impuesta por la Corte Suprema de Justicia o del Congreso de la República, por recomendación de la Junta de Disciplina Judicial.
Integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Hay, en cambio, jueces como Gilma Valladares que opinan distinto y creen que el CCJ y la CSJ están en constante pugna y que esta reforma resuelve el dilema.
Yo considero que debe de mantenerse como lo quieren hacer en la reforma, porque cuando estuve en el Consejo, dio muchos inconvenientes de carácter administrativo y manejo político de los dos cuerpos; se percibía que el Consejo podía ser superior que la Corte.
Valladares integró el CCJ entre 2017-2022 representaba la Asamblea Nacional de Magistrados de la Corte de Apelaciones. Al concluir su mandato en el Consejo intentó regresar a la judicatura, pero la CSJ le negó y tras una lucha de un año fue reinstalada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Al preguntarle que esto puede ocurrir a otros jueces con los cambios a la ley dice: Van a tener que ir a un proceso constitucional de amparo para recuperar su nombramiento.
En 2015 la CSJ trasladó a Huehuetenango a la jueza Patricia Gámez y a Jennie Molina a Petén. Las dos dieron su apoyo a Claudia Escobar, la magistrada que denunció la negociación de su plaza a cambio de una resolución que favoreciera a la exvicepresidenta Roxana Baldettti. Los traslados quedaron sin efecto por amparo de la CC.
Según el Foro Económico Mundial: Uruguay, Chile y Costa Rica son los tres países en América Latina con mayor independencia judicial. Guatemala se ubica 7 posiciones abajo.
La propuesta del oficialismo avanza veloz este 2023 y esta semana podría ser aprobada en tercera lectura y redacción final. La línea del tiempo de esta iniciativa es apenas de cinco meses:
Cuando se compra, otros proyectos caminan lento. Por ejemplo, la iniciativa 6114: Ley para la Protección Integral del Cáncer:
