Hace una semana, las viviendas de 40 familias en Cubilgüitz, Alta Verapaz, una comunidad ubicada a 265 kilómetros de la capital, fueron incendiadas. Las familias estaban asentadas en una terreno propiedad de los Dieseldorff Grimler, productores del Dieseldorff Kaffee.

El Comité de Unidad Campesina aseguró que los lugareños reclaman, mediante la ocupación del terreno, el pago de prestaciones laborales. El vocero del ministerio de Trabajo y el del Organismo Judicial afirmaron que no existe denuncia contra los empleadores.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas y responsables del ataque violento, pero el hecho refleja un problema que trasciende a los nueve gobiernos de la era democrática: las disputas de tierras. En 2019, la Comisión Presidencial del Diálogo, creada para resolver la conflictividad social, reportó 2 mil 574 pugnas, el 67% eran luchas por la propiedad de tierra. Son 1 mil 362 casos en la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), a cargo de coordinar los compromisos en esta materia, según los Acuerdos de Paz.

Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado Presidencial para el Diálogo, explica dónde se registra mayor incidencia:

“Hay 2 categorías muy claras. El grupo uno: Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. El grupo dos: San Marcos, Izabal, Baja Verapaz y Petén.”

La raíz de las disputas radica en la discrepancia entre el registro y el catastro, dice Balcárcel:

“Registralmente y a lo largo de la historia nuestra institucionalidad ha sido muy débil y eso posibilita que una propiedad se registre varias veces. De repente vas a buscar las escrituras de tu casa y resulta que eso ya lo tiene otra persona. Lo otro es que fraccionan, separan, hacen una división de un terreno y no queda exactamente claro cuáles eran los límites de esas cosas.”

Por ejemplo, el territorio de 65 familias Ch’orti’ en Camotán, Chiquimula, fue inscrito como 21 fincas individuales en 2016 por el Registro de Propiedad, a pesar de que los lugareños tenían un título de propiedad comunal otorgado por José María Reina Barrios en 1895. El proceso judicial inició en 2007 como uno de recuperación de derechos étnicos y en julio de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia trascendental. Rodimiro Latán, abogado de las familias Ch’ortí:

“Se reconoce el término de territorio indígena y la ancestralidad de los pueblos indígenas. Sus raíces históricas les permite demostrar que desde sus orígenes han ocupado ese territorio, ese es el derecho ancestral.”

La variable histórica no es propia de este proceso, dice Balcárcel:

“En el caso de las Verapaces, ahí es evidente que la problemática tiene que ver con el mantenimiento del mozo-colono. Fue Justo Rufino Barrios quién trasladó propiedades a los alemanes. En ese reparto se fueron iglesias y salones comunales (…) sin considerar inclusive titulaciones coloniales de las comunidades. Repartieron la tierra y mano de obra. Por esto es que el conflicto explica también los problemas en las relaciones laborales.”

El 50% de la población en las Verapaces tiene desnutrición crónica (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2015). Además, Alta Verapaz es el departamento con mayor porcentaje de población en extrema pobreza: 53.6% (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014) y el segundo en muertes maternas (departamento de epidemiología del Ministerio de Salud, 2018).

Este es el antecedente de los litigios de tierras que llegan a los tribunales. En Guatemala, un juez ordena al menos 1 desalojo cada semana. En 2019, fueron 53, según los datos de la Oficina del PDH.

Así es como a las autoridades formales del país les ha correspondido enfrentar estos dilemas con una legislación que, según los expertos, no aborda la naturaleza histórica.

Francisco Rivas, exministro de Gobernación de 2016-2018, dice que una sola operación implica un proceso complejo de investigación e inteligencia:

 “Se instalaron mesas técnicas con el Ministerio Público y la PNC integradas por diferentes unidades, con el objeto de tener claridad de qué circunstancias existían en las áreas en conflicto o lugares invadidos. Se entablaba un diálogo con las personas que estaban en los lugares invadidos y se les motivaba para que se fueran sin usar la fuerza el Estado. En un 98% se atendió el diálogo.”

El otro 2% lo explica la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, a través del caso de la finca Murciélago en El Estor, Izabal:

“Es una empresa a la que los invasores entraron de manera violenta, amenazando a los trabajadores de la empresa, quemando y destruyendo lo que estaba sembrado, la palma y el hule. Además, destruyeron las bodegas, quemaron la maquinaria y descuartizaron a los perros guardianes. Se han emitido bajo este proceso más de 7 órdenes de desalojo, pero las fechas de manera permanente y recurrente no son cumplidas. (…) Hubo un operativo para ejecutar órdenes de desalojo, en esa oportunidad los agentes son recibidos por los invasores que están armados AK-47: 2 agentes pararon hospitalizados.”

Este se realizó durante la gestión de Rivas, quien recuerda:

“Nosotros estábamos conscientes de que estos no eran campesinos ni comunitarios de esa región, sino personas vinculadas a la criminalidad organizada.”

Aunque agrega que la expulsión no erradica el conflicto:

“En la mayoría de casos son hechos que no deberían judicializarse, ni tampoco usar la fuerza del estado. Regularmente el tipo de invasiones obedece a grandes necesidades que la población tiene y que no puede satisfacer. Definitivamente, no resuelven la situación precaria en la que viven, la conflictividad continúa. Hoy puede llegar toda la fuerza del estado, como los estados especiales que se han decretado, pero al mes estos terminan en la misma vulnerabilidad para las personas y los propietarios de los inmuebles y se continua con este círculo. Las causas hay que atacarlas de fondo y deben desarrollarse estrategias sobre la base del diálogo y consenso donde todos los actores participen.”

Aun cuando un operativo concluye bien, nace otro problema, a la gente se le deja en la calle. Así lo dice Daniel Tucux, director de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos:

“Las personas que son desalojadas no tienen ninguna garantía de su sobrevivencia como el caso, por ejemplo, en Chab’ilch’och’, una comunidad en Livingston, Izabal. Las personas fueron desalojadas, pero no se le garantizó resguardo para su sobrevivencia, quedaron a la deriva.”