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Mi nombre es Evelyn Vega, tengo 37 años, hace cuatro meses fui desterrada por persecución política de mi antigua jefa, Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima.
El anterior es un fragmento de la entrevista que Vega concedió a ConCriterio cuando estaba en el exilio, en enero de 2024. Este año volvió a Guatemala; en abril fue encarcelada; y en junio, sentenciada a dos años de prisión por falsedad ideológica. Recluida en la prisión del Mariscal Zavala, aceptó cargos en la acusación donde Carrillo, la exdirectora del Instituto de la Víctima, fue querellante.
En 2021, Vega denunció ante la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que Silvia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la magistrada Vitalina Orellana manipularon la elección de jueces y magistrados, en el caso llamado Comisiones Paralelas 2020. Vega también denunció a Carrillo de favorecer a diputados con “plazas fantasma” en el Instituto de la Víctima, además de cobro de comisión con el arrendatario del edificio sede de dicha institución.
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Las tres querellantes afectadas han sido sancionadas por Estados Unidos en la Lista Engel por acciones antidemocráticas y corruptas.
Carrillo pretende hacer un borrón de todo lo denunciado.
En la sentencia del juez Mario Rodrigo Flores Maldonado, a cargo de la denuncia contra la testigo, obligó a esta a publicar la sentencia de aceptación de cargos además de una disculpa:
“…Porque usted Evelyn Giovanna Vega Rodríguez… hizo insertar declaraciones falsas en relación a un hecho constitutivo de delito en las cuales señaló como partícipes a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quesada y Vitalina Orellana y Orellana, causándoles de esta manera perjuicio… tanto en aspectos personales, salud, daños emocionales e imagen profesional…”
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Las repercusiones profesionales no aplicaron: Valdés, la expresidenta de la CSJ hoy asesora a la magistrada Dina Ochoa en la Corte de Constitucionalidad (CC) por Q28 mil mensuales; mientras Carrillo es secretaria ejecutiva de la instancia de Modernización del Sector Justicia con un salario de Q35 mil.
ConCriterio escribió y llamó a Rodolfo Díaz, abogado de Carrillo, pero cortó la llamada. No fue posible ubicar a José Cifuentes Letona, abogado de Vega.
Vega estuvo presa casi seis meses. Tras la publicación de la sentencia en Prensa Libre, el juez de ejecución autorizó su libertad. La sentencia le prohíbe hablar de este proceso.
Eduardo Pantaleón, fiscal anticorrupción absuelto de acusaciones del MP, estuvo a cargo de los casos de irregularidades en el Instituto de la Víctima denunciados por Vega:
“Hay un artículo en la Constitución, que establece que la responsabilidad de funcionarios públicos prescribe en 20 años y si esos casos hayan sido archivados o desestimados el próximo Fiscal General tiene todas las facultades para ordenar que sean abiertos y investigados y que en los mismos hay miles de millones de quetzales que este grupo se ha robado en el saqueo de muchos años.
Vega aceptó cargos, pero Pantaleón interpreta: “El caso de Evelyn es totalmente absurdo, porque no se puede emprender una acción penal contra una persona que proporcionó información útil en varios procesos penales y la única salida que vio para librarse de la prisión fue acogerse a esta ley; si no veamos el caso del fiscal Stuardo Campo que está criminalizado en tres procesos: va a cumplir dos años en la prisión y él decidió no someterse a la aceptación de cargos. En el caso de Evelyn fue la salida más fácil para ella.
Aunque le da elementos al MP para decir este caso nunca existió.
Por supuesto, en el caso que denominaron “corrupción Semilla”, el MP no ha obtenido ninguna condena dictada por tribunal de sentencia, sino que todas han sido por aceptación de cargo.
En 2021 Vega recibió amenazas anónimas:
“La llamada que recibí ese domingo fue alarmante: me dijeron que si no me callaba iba a aparecer en bolsas plásticas en pedacitos”.
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