La justicia por desapariciones forzadas avanza en sentencias, pero el Estado no logra dar respuesta al paradero de quienes fueron secuestrados durante la guerra en Guatemala, los esfuerzos del Estado no son suficientes para encontrar a las víctimas y familiares han tenido que vivir con la angustia de no saber donde están sus seres queridos.
La sentencia en el caso de la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Theissen es una muestra en el avance de la justicia en crímenes del pasado, sin embargo los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno aún reclaman al Estado de Guatemala un gran pendiente: la búsqueda de esas personas.
¿Dónde están y qué pasó con ellos? son las dos preguntas a las que no han encontrado respuesta padres, esposas e hijos en Guatemala.
“Desde hace 34 años no lo he encontrado, ni vivo ni muerto, él desapareció el nueve de mayo de 1984”, es la voz de Sara Poroj, habla de la desaparición de su esposo Jorge Humberto Granados Hernández, quien tenía 23 años cuando fue secuestrado. Desde esa fecha no supo más de él y aunque ha pasado 34 años aún hay secuelas en la vida de Sara y sus tres hijos:
Es bastante difícil porque yo jugué un papel de padre y madre, les tuve que mentir a mis hijos para no dañarlos, les dije que él se había ido para Estados Unidos. Fue muy difícil no poderlo olvidar, noche con noche yo vivía soñando que él iba a aparecer.
Casa de la Memoria, Guatemala.
Rosalina Tuyuc es activista de la Coordinadora de Viudas de Guatemala, durante los años 80 su papá, su esposo y otros familiares fueron desaparecidos y asesinados. La búsqueda de sus cuerpos ha sido incasable, la esperanza de encontrarlos no se terminan.
Siempre hemos dicho que localizar vivos o muertos a los desaparecidos es una responsabilidad del Estado, aunque no lo ha hecho. Las familias de los desaparecidos hemos asumido el buscar (600) (…) Es un proceso lento y doloroso y sin respuestas, cuando se abre una fosa clandestina tenemos la esperanza de encontrarlos y cuando se vuelve a cerrar se cierra otra vez esa esperanza.
En diciembre 2016 fue presentada en Congreso de la República la iniciativa de ley 35-90: ley de búsqueda de personas por desaparición forzada, el documento propone crear por 15 años una comisión autónoma de carácter humanitario para el diseño, evaluación, búsqueda y ejecución de planes de búsqueda de desaparecidos, a través de estudios, sistematización registros y seguimientos. Otra de sus atribuciones es la búsqueda de la verdad.
Sin embargo en el Congreso de la República no hay voluntad política para la búsqueda de la verdad afirma la diputada Nineth Montenegro.750-100
“Se cree que con la aprobación de esa ley se va a buscar venganza del Estado y no es el hecho porque los procesos serían totalmente a parte”
Enrique Álvarez diputado de Convergencia, dijo que no hay justicia plena cuando se desconoce el paradero de las víctimas: el tema de la justicia no ha avanzado al ritmo que debiera, no ha sido posible identificar a personas desaparecido si no es por personas externas.
Casa de la Memoria, Guatemala
En Guatemala desde hace 26 años la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) inició el trabajo de búsqueda e identificación de personas. La organización no gubernamental ha realizado 2mil 133 identificaciones, recuperado 5 mil osamentas, y se ha tomado más de 14 mil muestras de ADN a familiares.