Aunque la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la junta de congresistas creada en el Congreso para investigar a la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los diputados antagonistas de dicho organismo no depondrán sus intenciones y afirman que “con o sin Comisión” la CC no impedirá indagar sobre el trabajo de CICIG. Así lo publicó en su cuenta de Twitterel diputado Luis Hernández Azmitia.
Ayer los Congresistas recibieron en el salón del pueblo del Organismo Legislativo a acusados por el Ministerio Público y CICIG, para escuchar sus quejas sobre la misión internacional. En medio de los planteamientos de la familia Valdés Paiz, los diputados fueron notificados de la orden de la CC para suspender ese proceso, pero pese a ello, la audiencia continuó.
Estas fueron las palabras de Alejandra Moreno Botrán, viuda de Estuardo Valdés Paiz, investigado en el caso de Rodrigo Rosemberg:
“Lo que quiero es mostrar a los guatemaltecos lo grave que fue traer un experimento llamado CICIG a Guatemala. La CICIG no le rendía cuentas a nadie, ni de sus actos, ni sus fondos, no era auditada por nadie. Tenía más poder que el Presidente con la diferencia que no se le podía ni investigar ni juzgar y ese privilegio les permitió cometer atrocidades con tal de llevar a cabo su ideología izquierdista. La CICIG nos acabó como familia y como país”.
Diputados con plan b
En la reunión, Manuel Conde, integrante de la comisión suspendida, respaldó lo escrito en redes sociales por Hernández Azmitia y dijo que cuentan con un plan “B”, para escuchar a los a los afectados:
Vamos a someter al pleno una propuesta para replantear la comisión al pleno, tenemos una alternativa para continuar con la comisión, pero necesitamos tiempo.
Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, al enterarse de la suspensión de la Comisión, instó a los diputados, a usar las facultades que les confiere la Constitución y continuar con las indagaciones:
“Haciendo uso de nuestro derecho constitucional como diputados, podemos hacer audiencias públicas sobre cualquier tema.
Aprovecho para decirle a cualquier congresista que si quiere hacerse presente lo puede hacer, la Constitución les da los derechos para escuchar lo que ustedes tienen que decir”.
Y esta fue la promesa del diputado Juan Ramón Lau a quienes han pedido audiencias:
Les prometemos que vamos a seguir con nuestro trabajo porque el pueblo de Guatemala debe conocer la verdad de lo que sucedió.
La pregunta en el aire es ¿cometen ilegalidad los diputados al continuar con las indagaciones pese a la suspensión?
Fernando Linares Beltranena, diputado del Congreso, comentó que la máxima corte no puede suspender los actos de los diputados y lo por lo tanto considera que no comenten ilegalidades:
Aquí estamos realizando actos que son: escuchar, investigar y fiscalizar y no contradice a lo resuelto por la CC, toda vez que ellos se refirieron a un acuerdo que es un pedazo de papel y no así al accionar de los diputados.
El Congresista aseguró que continuarán con las audiencias, lo cual les permitirá determinar si existió algún delito, de hallar anomalías dijo que denunciarán a donde corresponde.
En 12 años de trabajo en Guatemala la CICIG logró junto con el MP 400 condenas y la presentación de 120 casos de “alto impacto”. Un total de 1 mil 540 personas fueron sindicadas, de quienes actualmente 660 están ligadas a un proceso penal.