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El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo por el decreto 7-2025, que permite la operación interanual de los fondos del 2025 asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), no terminó con el veto presidencial de Bernardo Arévalo.
La impugnación será conocida hoy y Luis Aguirre, jefe de bloque de CABAL –que con las bancadas de Vamos y la UNE aportaron 64 de los 107 votos para aprobar el decreto el 2 de septiembre– asegura que aún cuentan con la fuerza para reafirmar la ley.
Afuera del Hemiciclo, el 7-25 es débil: fue cuestionado por sectores académicos y empresariales el descontrol de gasto de los CODEDES y la calidad de la infraestructura. En comunicación vía chat, Aguirre dijo que “todos van a volver a votar” pues “no tendría sentido” hacer lo contrario.
Juan Carlos Rivera, secretario de la Junta Directiva, aclara que el trámite no pasa por el Pleno, sino toca enviarlo a la Corte de Constitucionalidad (CC) según el artículo 272 de la Constitución el cual señala que la CC debe emitir opinión de las leyes vetadas por el Ejecutivo cuando alega inconstitucionalidad.
A criterio de algunos diputados no tenemos obligación de mandarlo a la Corte. Pero yo creo que la responsabilidad del Congreso sería cumplir la normativa constitucionalidad y enviarlo a una consulta.
Incluso Allan Rodríguez, expresidente del Congreso y jefe de bloque de VAMOS, se pronunció el domingo igual que Rivera:
“Hemos hecho nuestro análisis jurídico … y el presidente de la Junta Directiva deberá ponerlo en conocimiento del pleno y remitirlo a la Corte de Constitucionalidad. Él alega vicio constitucional y el artículo establece que el veto debe ir a una consulta a la CC y dirá si hay falta a la ley y luego el Legislativo tome la decisión correspondiente”.
De entrada, VAMOS ya no tiene los 32 votos que aportó originalmente al decreto. Ronald Portillo, diputado nacional de este bloque, está fuera del país, por lo que estará ausente. Portillo votó a favor el 2 de septiembre:
Yo la verdad es que considero que es más un tema de diputados distritales, porque son ellos que transfieren esos fondos al sistema de CODEDES.
El Congreso está representado por 128 diputados distritales y 32 nacionales.
Este diputado también está de acuerdo en que, en caso de existir, se deben corregir las inconstitucionalidades.
No obstante, dice: yo lo que veo es que hay una contradicción por parte del Ejecutivo: proponen la ley de Agilización de Inversión Pública y (reiteran) en la ley del presupuesto, pero cuando el Congreso la aprueba dice que puede tener vicios constitucionales.
El proyecto de presupuesto 2026, en el artículo 55, avala el uso de los aportes ordinarios y extraordinarios por un año. El decreto 7-2025 solo contempló los extraordinarios, dejó su uso por indefinido y ahí radica la inconstitucionalidad pues el presupuesto es anual y debe ser aprobado por el Congreso. Rivera:
Yo creo que no deberían de tener los votos para rechazar el veto presidencial porque en el artículo 55 están considerados lo que pretenden con el decreto 7; solo que más ordenada y se están incluyendo los fondos ordinarios y a los alcaldes les conviene. Creo que muchos diputados lo han entendido. No conseguirían los 107 votos.
A la vez surge una alternativa desde la facción de la bancada SEMILLA dirigida por José Carlos Sanabria, trabaja en una nueva propuesta. Portillo: por ahí se filtró una propuesta que está trabajando el Ejecutivo, que es muy similar a la que está. En mi opinión es un tema más de burocracia.
ConCriterio llamó y escribió a José Carlos Sanabria, jefe de bloque de SEMILLA y vocero del partido, pero no respondió. Hay diputados que creen que la nueva propuesta podría presentarse en la sesión de hoy, pero se desconoce su contenido.