La consulta comunitaria exprés que validó el reinicio de las operaciones de la explotación de níquel en la mina Fénix, en El Estor, Izabal, acumula una serie de cuestionamientos: no solo por la forma en la que se desarrolló, al dejar fuera a actores clave dentro de las comunidades, sino además por las revelaciones hechas en medios internacionales que apuntan a pago de sobornos en diferentes niveles del Estado de Guatemala para echar a andar el proyecto.
La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, corporaciones propietarias de la la mina ubicada en El Estor, preparan reanudar labores este marzo. Entre septiembre y diciembre pasado desarrollaron un proceso de consulta comunitaria controvertido pues el presidente Alejandro Giammattei llegó al extremo de decretar un Estado de Sitio a raíz de las protestas de comunitarios opuestos a las operaciones de la mina.
Una investigación periodística replicada por 25 medios de comunicación internacionales reveló que las compañías basadas en Suiza y fundadas con inversionistas de Rusia, sobornaron en distintos niveles estatales para echar a andar el proyecto: desde la Policía Nacional Civil (PNC) hasta la sospecha de que entregaron coimas al presidente Giammattei. Incluso revelan que las mismas empresas demandaron al gobernante, en tono imperativo, aplacar las protestas en contra de la operación minera. Y solo dos semanas después, el presidente decretó el Estado de Sitio.
Miguel Ángel Balcarcel, excomisionado Presidencial para el Diálogo, cuestiona factores del procedimiento que duró tan solo 3 meses para que los comunitarios aprobaran la continuidad el proyecto:
“El Ministerio de Energía y Minas (MEM) había desarrollado una serie de elementos que contemplaba 7 pasos para llevarla a cabo, pero los documentos filtrados revelan que desde la empresa se dieron las directrices de cómo hacerla; entonces, en principio, ese procedimiento fue viciado y es ilegitimo, porque no cumple con los estándares internacionales. No se trata solo de obtener un resultado de sí o no, debe ser un proceso de diálogo y que no es temporal; todos los instrumentos internacionales dicen que es un proceso sistémico: libre, previo e informado, y a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas”.
Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado Presidencial para el Diálogo.
El entrevistado en ConCriterio planteó una pregunta: ¿las empresas pueden consultar? Y, su respuesta es enfática: ¡no! Son los Estados quienes deben llevar a cabo el procedimiento; además, señala que debe quedar claro que las consultas comunitarias no son un plebiscito y no da derecho a veto:
“Se trata de que la línea argumental, la metas, los planes y estudios ambientales de la empresa puedan ser modificados con la sabiduría de los pueblos indígenas para obtener un beneficio de orden colectivo: que se beneficien tanto el Estado como las empresas, pero no exclusivamente porque ¿cuál es el daño que causa a las poblaciones de influencia de desarrollo del proyecto?”
Antecedentes de éxito
Balcárcel, señala que posee experiencia “de las vacas sagradas en procesos de consulta” al referirse a que durante 8 años trabajó en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), rectora de estos procesos.
A manera de pregunta, el experto definió algunos aspectos que determinan certeza al procedimiento:
¿Hubo seguridad jurídica para todas las partes? ¿se redujo la arbitrariedad? Y lo más importante: ¿hubo transparencia?, la gran meta del proceso es lograr el consentimiento, pero ¿hay voces disidentes? ¿participaron los que realmente debieron? Yo tengo mis dudas, seguro que se excluyó a un montón, porque pareciera ser un proceso convenido para que estuvieran los del coro, pero los del coro oficial.
El experto está consciente que alrededor de estos procesos surgen “paracaidistas”, organizaciones que quieren participar y no se les debe excluir; no tienen derecho a voto, pero pueden asesorar a las instituciones que sí lo tienen.
El excomisionado recuerda un caso ejemplar en Perú donde los conflictos llegaron a contar muertos, pero también hubo solución:
Ellos se preguntaron después de 25 años de operación de la mina ¿qué va a pasar con las tierras? Los comunitarios diseñaron el modelo de cómo trabajar y ahora es una explotación agrícola impresionante; y así se resolvió el conflicto: la empresa pudo desarrollar su capacidad extractiva, pero dejó habilitado para que se transformara en un gran proyecto agroindustrial y eso nos dice que hay salidas.
A propósito, Balcárcel trate a la memoria palabras del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Él decía: «estos recursos no están para que se queden ahí, debemos hacer usos de ellos para nuestro bienestar colectivo; entonces tenemos que aportar todos y encontrar la manera de usarlos racionalmente para que no se queden enterrados.»
Criticas al proceso en Guatemala:
El excomisionado cuestiona la forma en los que los procesos de preconsulta y consulta se llevan a cabo en Guatemala y cree que son a la inversa:
“El desarrollo de un proyecto extractivos se da a la inversa: los inversionistas van al territorio y ahí aparecen cierto tipo de funcionarios que buscan chantaje, extorsión, moco; pero no vemos que esos inversionistas se acompañen de una institucionalidad para el bien común; entonces desde el inicio las cosas van mal encaminada, porque los empresarios están sujetos a cómo se comporten los actores”.
Sobre las publicaciones de los medios internacionales, el Gobierno guarda silencio. La minera a través de un comunicado niega los hechos y señala que fueron víctimas de un hackeo, aunque los documentos fueron falsificados.
Y ante el silencio gubernamental Balcárcel, cierra con la frase: Hay un dicho de nuestras abuelas que dice: el que calla otorga.
Escuche la entrevista completa aquí: