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La llegada de Bernardo Arévalo al Gobierno de Guatemala, generó esperanza en más de 100 jueces, fiscales, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos desterrados de Guatemala a raíz de la persecución penal que desató el Ministerio Público (MP), bajo la dirección de la Fiscal General Consuelo Porras.
El abogado Oswaldo Samayoa, designado originalmente en la dirección de la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos (COPADEH), asumió la misión: regresar a casa a los exiliados. Pero el sistema le ganó el pulso al Gobierno y no solo no regresó a aquellos, sino más personas han debido exiliarse. Incluso la salida temporal de la Primera Dama, Lucrecia Peinado, mostró el drama de esta administración.
El 21 de mayo, Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, reveló: “como en Guatemala, que la señora del presidente Arévalo está refugiada en México, por temor a una fiscalía corrupta”.
Lucrecia Peinado.
El Gobierno desmintió el exilio de Peinado; Chávez se retractó. Pero un mes después las oficinas del Gobierno se contradicen sobre el paradero de Peinado. El jueves, Lourdes Hércules, asesora de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, afirmó vía chat a ConCriterio que: “la Primera Dama regresó recientemente al país”.
Un día después –el viernes– este reportero visitó las oficinas de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y los comunicadores dijeron que tanto la secretaria Zulma Calderón como Peinado están fuera del país.
– ¿La doctora Calderón se encuentra?
– Fíjese que no, hoy se encuentra regresando de un viaje que tuvo en el extranjero.
– Y ¿la Primera Dama?
– No, andan en la misma reunión y la agenda de ella la maneja la Secretaría de Comunicación.
– Y ¿en qué país anda?
– Es un viaje de Primeras Damas.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no aclaró las contradicciones. En su perfil en redes sociales han disminuido las publicaciones de sus actividades.
El 25 de marzo la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia por el gasto de Q1 mil 300 de la secretaria de Seguridad de la Presidencia (SAAS), para un baby shower organizado por Peinado.
Siomara Sosa, exsubjefa de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señala: desde que tu sabés quiénes denunciaron a la Primera Dama y que tienen un poder apadrinado por el MP, entonces lógicamente por asegurarse –salió– nadie quiere sufrir una cárcel injusta.
Justicia cooptada
Sosa, como el resto de exiliados, esperaba “el pronto regreso a casa”, pero las condiciones no cambiaron. Otras como la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, fueron obligadas a aceptar cargos; o enfrentar la cárcel como el abogado Eduardo Masaya, o el exviceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y Héctor Claclán, ambos exdirectivos de Los 48 Cantones.
Sosa acusa que arrebataron la justicia:
El Gobierno hizo declaraciones de que se habían elegido las mejores Cortes y que eso era el primer paso para buscar una solución, pero en la práctica eso no es así. Uno ve la sala segunda, la sala tercera; ¿dónde se ha visto que una sala de apelaciones dicte órdenes de captura e incluso internacional? Pusieron en las salas abogados vinculados con la corrupción.
En enero 2024, Oswaldo Samayoa, ahora consejero en la embajada de Costa Rica, anunció: “Tenemos el dato contundente de 20 personas a quienes se les podría brindar las garantías y seguridad adecuada para que puedan regresar al país lo más pronto posible”.
Los primeros 20 exiliados retornarán a casa: un plan a corto plazo del Gobierno de Arévalo
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos: “El Gobierno está con las manos atadas y su supuesto plan saber en qué consistía. Porque eso depende del sistema de justicia. La verdad es que es muy doloroso escuchar que se tienen que resignar”.
Las cartas ahora se jugarán en la elección del futuro o futura Fiscal General. Aunque un primer caso da una luz: el propio MP reconoció carencia de pruebas ante la acusación que llevó al Juez Miguel Ángel Gálvez al exilio.