El pasado lunes 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, decenas de salvadoreños marcharon para exigir una legislación que reconozca el acceso al agua como un derecho humano, administrado por el Estado.

Un día después, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Salvadoreño, dieron un paso atrás en la Ley General del Agua.

Inicialmente los legisladores habían propuesto una junta directiva con representación mayoritaria del sector privado para la futura Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual formulará las normas técnicas, resolverá conflictos, aprobará permisos y emitirá sanciones. No obstante, el 23 de marzo, aprobaron la conformación de una junta con 5 miembros elegidos por actores estatales.

El presidente Nayib Bukele anunció rápidamente en su Twitter que vetaría la ley.

Sin embargo, Dina Argueta, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, asegura que no se puede vetar una ley que no ha sido aprobada: “Lo que se ha aprobado es un artículo que ha sido uno de los más polémicos en toda la discusión de la Ley General de Aguas, la que tiene que ver con quién tiene la administración y el control del agua en el país.”

El papel del sector privado dentro de la Autoridad del Agua y el riesgo que esto podría ocasionar en términos de una eventual privatización del recurso fue el motivo de controversia.

La Ley General del Agua lleva 15 años en la asamblea, desde el 2006, y el avance es lento. Argueta agrega:

“Ahorita son alrededor de 52 artículos los que están aprobados por la comisión y la ley tiene 160…. Decir si se va a aprobar antes que finalice esta legislatura es un tanto incierto porque ya la próxima semana hay un receso por las vacaciones, luego quedan 2 o 3 semanas… y es un tanto complicado decir que sí se puede. Claro nos gustaría que sí se aprobara, porque urge para el país.”

Bukele nombró a Frederick Benítez, un expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la actual institución a cargo del manejo de dicho líquido vital, como comisionado presidencial para el agua. Benítez tiene a su cargo la redacción de una propuesta de ley, pero hasta ahora  se desconoce.

Alejandro Labrador, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), ve debilidades en la propuesta legislativa por la poca capacidad del Estado para garantizar la transparencia y el castigo a los casos de corrupción en el manejo de dicho insumo.

En 2019, por ejemplo, Benítez solicitó que se investigará la apropiación indebida de recursos de la ANDA por más de $USD8 millones.

Labrador, a su vez, lamenta las declaraciones de Bukele pues considera tienen un fin político: el de aplastar a sus rivales: “el agua es uno de los bienes comunes en El Salvador más afectados, más injustamente distribuidos y que representa todavía una carencia para 6 de cada 10 hogares en el país. Decir que esta ley es irrelevante porque viene de partidos políticos que son irrelevantes es una muestra de la miopía y de la incapacidad para reconocer la importancia de la participación social y popular por parte de este gobierno y particularmente del presidente, Nayib Bukele.»