La agresión contra dos niñas por parte de la seguridad del centro comercial Ciudad Cayalá despertó opiniones en las redes sociales sin que hasta ahora hayan sido ubicadas. Mientras el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación siguen en su búsqueda para esclarecer los hechos, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) enfatiza que no es la primera vez que se denuncian estos maltratos contra menores trabajadores.

María Natividad Caba, defensora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la PDH, asegura que las redes sociales revelaron una situación recurrente en otros lugares como el aeropuerto internacional La Aurora donde la seguridad, mediante amenazas, retira a los niños que ofrecen productos en la rampa de salida de pasajeros, por lo que han buscado acercamiento con autoridades de Aeronáutica Civil para evitar más agresiones.

«A raíz de las denuncias se conformó una mesa de trabajo donde participa PGN y Aeronáutica Civil. Hemos hablado con las madres para que no expongan a los niños, pero la situación se sigue dando. La seguridad los anda sacando, los intimidan para que se salgan porque argumentan que son delincuentes».

La funcionaria dice que el problema viene desde septiembre de 2021 y actualmente Aeronáutica se comprometió a buscar una forma para apoyar a las familias.

«Esa es una forma de sobrevivencia, en cierta medida se les da apoyo, pero no será permanente».

En cuanto a la seguridad privada, la PDH también ha documentado casos de agresiones en contra de civiles adultos, especialmente en las garitas de condominios y lugares abiertos al público como centros comerciales.

Para Andrea Stella, vicepresidenta de la Gremial de Restaurantes que agrupa 100 marcas adscritas a la Cámara de Comercio, ha sido difícil lograr un consenso con todos los agremiados y no se puede establecer una política para el trato hacia niños en situación de calle o trabajadores, debido a que hay restaurantes que definitivamente no quieren que los niños trabajadores se acerquen a los alrededores. Sin embargo, en su caso afirma que otorgan alimentos a los niños a cambio de no “perseguir” a los comensales cuando salen o entran del restaurante.

«Sabemos que los niños están trabajando por obligación, dejamos que se acerquen a la entrada porque tenemos seguridad y los conocemos. Son menores que lustran zapatos o venden estuches para teléfono».

Aunque no dio cifras, Liliana Guzmán, abogada de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, dice que la pandemia agudizó el problema de los menores trabajadores debido a que sus padres se quedaron sin empleo y han rescatado a varios de ellos por explotación laboral.

El MP y PGN investigan la agresión a dos niñas por el personal de seguridad privada de Ciudad Cayalá.

En el caso de las menores agredidas en el centro comercial, Guzmán refiere que el MP debe revisar cámaras y hacer las investigaciones para localizarlas pues no se cuenta con nombres ni edades; de ser así, se investigaría si reciben algún tipo de maltrato infantil o laboral. Si este fuera el caso se buscará un familiar con perfil idóneo que las pueda proteger, de lo contrario quedarán bajo el cuidado de esa dependencia hasta que cumplan 18 años.

«Se presentó la denuncia en el MP porque solo ellos pueden individualizar a las niñas. No sabemos quiénes son, donde viven».

En un comunicado la administración de Ciudad Cayalá indicó que la forma como la empresa de seguridad trató a los menores no es parte de las políticas de seguridad y que han ofrecido todo tipo de ayuda a la PNC y PGN para esclarecer los hechos.

El MP también inició una investigación de oficio en contra de los guardias privados de la empresa Corporación Americana de Servicios de Seguridad (CASSESA) cuya licencia de operación se emitió en marzo de 2021.