El martes último el Congreso de la República aprobó modificaciones a la Ley de Migración e incrementó las penas para mitigar las migraciones ilegales: de 10 años de prisión, ahora la pena máxima subió a 30 años de cárcel para los responsables de trasportar personas de manera ilegal.
Los cambios fueron propuestos por el presidente Alejandro Giammattei, pero según Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, incrementar las penas es una ruta equivocada. En su opinión deber ser una combinación:
La política criminal no tiene efectos de carácter preventivo, por eso es que la ciencia del derecho penal habla de medidas disuasivas, sobre todo si se toma en cuenta que un aumento de penas debe ir de la mano de una institución sólida. Pero sobre todo la política criminal de alguna forma intenta ocultar los verdaderos problemas detrás de estos fenómenos criminales.
Francisco Rivas, exministro de Gobernación, coincide con Canteo y apunta a que subir las condenas no es igual a reducir la incidencia de delitos. Aunque hay casos en los que, cuando existe una política de Estado, puede ser factible:
En relación al delito de extorsiones, que es uno de los más denunciados, el delito se sigue cometiendo y con el incremento de penas no disminuyó. En cuanto a los secuestros, se generó una política de gobierno impulsada desde el Ministerio de Gobernación (Mingob), en coordinación con el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de esa forma que fueron investigadas, perseguidas y condenadas. Y eso sí generó una disuasión.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, en los últimos 22 años el 2009 fue el año que más secuestros se registraron el país con 791, a partir de ese año el delito fue en descenso y entre 2019 y 2021, no superaron los 200 casos.
En el caso de las extorsiones la tendencia fue diferentes: en 2015 se registraron 5 mil casos y al 2019 se contaban 15 mil casos.
Las medidas alcanzan también a quienes faciliten medios que promuevan dicha actividad; a la vez que contempla multas entre Q100 mil y Q200 mil por cada persona afectada. Además, contempla agravantes, cuando se trate de menores de edad y mujeres en estado de gestación.
Y, el abogado Canteo, vislumbran un desencadenamiento perverso con las reformas:
Muchas reformas que se hacen el sector justicia generan otros efectos, se pueble plantear si estos cambios no van a encarecer el coyotaje, si no va a provocar que las familias se endeuden más y tomen mayores riesgos para irse del país.
En una entrevista publicada en noviembre 2021, ConCriterio habló con un coyote y estas eran sus tarifas:
En un viaje de US$10mil se llevan hasta 45 personas y en un viaje de US$20mil se llevan hasta 5 personas. Para evitar que piensen que son migrantes, te llevan bien vestido, te pagan hotel para que descanses y ese es el viaje más caro.
Las estadísticas del Instituto de Migración de Guatemala reportan que en enero fueron deportados de Estados Unidos 2 mil 439 guatemaltecos de los cuales 383 eran menores acompañados y no acompañados. Los retornados de México, fueron 3 mil 696, y 687 eran menores.
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