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Entrampados: así están los casos contra Acisclo Valladares en Guatemala

Escrito por Natalia Gámez

7 Ago, 2020

Los problemas legales del exministro de Economía, Acisclo Valladares, no empezaron cuando la justicia estadounidense lo señaló de utilizar ganancias del narcotráfico y corrupción para sobornar a políticos nacionales

En 2019 Valladares quedó expuesto en dos casos de corrupción presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ninguno de los procesos presenta avances en los juzgados guatemaltecos.

Uno de las investigaciones de la Fiscalía, bajo el título “Subordinación del poder legislativo al ejecutivo”, apunta a que, en el Congreso, un grupo de diputados propulsó una ley a favor de la telefónica Tigo como respuesta a dádivas o recompensas dinerarias recibidas desde el Ejecutivo, donde se supone que Valladares Urruela, representante de la compañía, pagó dinero en efectivo para ese fin.

Lázaro Pirir, fiscal a cargo de las investigaciones, resume las actuaciones: “En su momento se presentaron 7 antejuicios en contra de diputados al Congreso de la República, 6 de los cuales han quedado ya sin materia. Con excepción de Boris Roberto España Cáceres, cuyo antejuicio fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía presentó un amparo, el cual está en trámite.”

Sólo una persona fue ligada a proceso, pero Pirir mantiene en reserva ese nombre. El resto de los implicados se encuentran aún bajo investigación. Entre estos la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Valladares y el exdiputado Estuardo Galdámez son prófugos en otras acusaciones. Y a los 6 exdiputados involucrados se les anularon las diligencias en noviembre de 2019, pero se presentó una apelación a la Corte de Constitucionalidad y una recusación contra el juez que dictó la anulación.

El segundo proceso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, señaló a un grupo de funcionarios coordinados para obtener beneficios mediante sobornos a través de contratos millonarios de construcción pública.

El constructor Maynor Palacios Guerra admitió que él mismo pagó al entonces Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos. El monto ascendió a los USD$7,2 millones los cuales, según las investigaciones, se transfirieron a sociedades offshore. Estas realizaron préstamos ficticios y la compraventa de acciones con las cuales se adquirían apartamentos en Casa Margarita, los cuales fueron regalados a los funcionarios.

El desarrollador de Casa Margarita, William Balz Gallardo se encuentra prófugo. El abogado Manuel De Jesús Palma y Palma y Gustavo Alejos, están ligados a proceso con prisión preventiva en Mariscal Zavala. Mientras Beatriz Jansa Bianchi de Alejos y el arquitecto Rafael Escobar Pereira están ligados a proceso con medida sustitutiva.

Se le dictó falta de mérito al expresidente Otto Pérez Molina y al exdirectivo del IGSS, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, quienes están en prisión preventiva por otros procesos. El exvicepresidente, Gustavo Adolfo Espina Salguero está a la espera de fecha para que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración desde el 30 de abril del 2020 que presentó un memorial indicando que ya estaba presente en el país y que había echo la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud.