Rafael Curruchiche será previsiblemente la primera cabeza sacrificada por Consuelo Porras en un afán de permanecer al frente del Ministerio Público. Pero el sacrificio será insuficiente.

Las amenazas de Curruchiche de intentar anular las elecciones del 25 de junio, bajo argumentos tan peregrinos que solo un juez como el señor Orellana o quizá el juez Bremer se los podrán aceptar, hace impensable que sobreviva en el cargo.

Después del 20 de agosto, ni siquiera la actual Corte Suprema de Justicia, tan comprometida con la alianza gobernante y parte esencial del régimen de impunidad para la corrupción, se atreverá a seguirle el juego.

Sería suicida que aceptaran el intento de levantar el antejuicio del presidente electo y que contribuyeran a impedir que los diputados elegidos por la población, bajo el símbolo del Movimiento Semilla, asuman sus curules.

Simplemente, ya no hay condiciones para hacerlo. El resultado electoral del 25 de junio produjo un cambio de mentalidad y actitud de los guatemaltecos, que no da margen, sino para procurar adaptarse de la manera más hábil y discreta al nuevo orden. Pues, eso aplica para quien tiene instinto de sobrevivencia.

Primero se irá Curruchiche, pero luego Consuelo Porras también tendrá que marcharse. La pregunta es si lo hará antes que se lo pida públicamente un Bernardo Arévalo, convertido ya en Presidente, o si preferirá salir cuando todavía Alejandro Giammattei tiene la oportunidad de nombrar a su sucesor y a lo mejor ubicarla en una embajada ante un gobierno amigo en aras de ofrecerle una protección mínima ante lo irremediable. Porque a estas alturas, Consuelo Porras sabe ya que va rumbo a ser procesada, más temprano que tarde, por el daño que ha causado a la justicia.

Quizá lo que más le convenga sea dejar cuanto antes el Ministerio Público y tratar de desvanecerse de la memoria nacional, en angustiosa espera que se calmen las aguas, porque sus opciones no son muchas. Si Giammattei nombra a un sucesor para ella, el nuevo gobernante requerirá de un tiempo prudencial para pedirle la renuncia. Eso le daría algún momentáneo a Consuelo. Pero nada más.

Incluso si ofrece rápidamente la cabeza de Rafael Curruchiche como una ofrenda en bandeja, la perversión que la Fiscal General ha promovido dentro del Ministerio Público, su profunda asociación con aliados desquiciados como los integrantes de FundaTerror y los acuerdos alcanzados en nombre suyo con tanto corrupto preso que espera su liberación antes del 14 de enero, la atan de manera irremediable.

Ella no podrá, aunque genuinamente así lo quiera, reconvertir al Ministerio Público de una herramienta que amenaza la democracia y el poder soberano del pueblo en una institución que procure justicia. Le toca irse. Antes o después, a enfrentar la justicia en pocas o en muchas semanas, pero ese es su destino más certero.

Las voces que sensatamente se levantan a favor de una justicia transicional, que solo tenga en cuenta unos pocos casos de los muchos que deben procesarse para terminar con este periodo infausto, no podrán obviar el papel jugado por Consuelo Porras. Si la intención es defender y proteger a futuro al sistema democrático, no puede quedar en la impunidad la utilización que se ha hecho del Ministerio Público, desde la Fiscalía General de la República, para concentrar poder y conculcar libertades con el fin de facilitar el robo de fondos nacionales.

La amenaza de Rafael Curruchiche y Consuelo Porras al sistema electoral es insoslayable. Más le hubiera valido a la Fiscal General no ser reelecta por el presidente Giammattei con tanta trampa y de tan mala manera. Pero la ambición humana, y el ansia de reconocimiento, suelen ser traicioneros.