Necesitamos discutir, quienes pensamos distinto y vemos de manera diferente las  causas del desastre en el país, qué entendemos por democracia. Qué consideramos democrático y qué consideramos autoritario.

También necesitamos discutir qué entendemos por república como forma de gobierno.

Hablemos de estos términos a partir de la negativa de la Fiscal General, Consuelo Porras a renunciar a su cargo. Una parte significativa del país, desde los municipios más remotos hasta barrios obreros de la capital y zonas residenciales, se ha levantado para protestar en su contra. Miles han marchado por calles y carreteras, se han encontrado en plazas y frente a la sede del Ministerio Público para decírselo a voz en cuello: “váyase, ya no la queremos”. Pero ella insiste en permanecer.

Un funcionario, como la Fiscal, es un servidor público. El contribuyente aporta para financiar los gastos de sus funciones y su salario. ¿Qué sentido tiene que un servidor se empeñe en mantenerse en una posición para la cual el mandante ya no la quiere?

Habrá quién responda que no es la totalidad de la población la que le exige su salida, pero, ¿acaso, hay una fuerza equivalente -o siquiera de la mitad- en las calles en respaldo de su permanencia?

Quienes la instan a mantenerse en el cargo son una minoría ínfima. Y ni siquiera sumados a quienes rechazan en público lo que ella hace (tratar de revertir los resultados electorales) pero no se atreven a desairarla en público pidiéndole que se vaya, alcanzan un número representativo. Poseen poder político y poder económico. Pero, justamente, ¿qué papel juega aquí la democracia? ¿Es sensato hace valer el peso de quienes más se benefician del sistema económico por encima de la voluntad de la mayoría?

También hay quienes se empeñan en repetir que la ley blinda a la Fiscal y nadie, ni el propio Presidente, puede destituirla. Lo dicen además con un tono de recriminación porque esa reforma a la ley, para blindar la posición del Fiscal General, se produjo en tiempos en que en el país se libraba una batalla contra la corrupción enquistada en el gobierno. Esa batalla resulta detestable para esa minoría con acceso a los beneficios del poder político y económico. Sin embargo, cualquiera puede comprender que, una institución con la misión de luchar contra el delito, incluso de quien lo comete en abuso de fondos públicos y posiciones de poder, requiere de una autonomía suficiente ante ese poder del gobernante.

Algo muy distinto ocurre hoy. La Fiscal General, lejos de representar un riesgo para quienes abusan de su poder, se ha convertido en una muralla para investigar y procesar ese tipo de delitos.

Además, solo llegó por segunda vez al cargo después de un proceso de postulación atrozmente manipulado por los aliados en el poder. Pasaron por encima de la dignidad de los postuladores.

“Ellos la calificaron con la mejor nota y, por tanto, tenían que hacerla pasar a la lista de nominados”, se sostiene con petulancia. ¿Para qué entonces se requiere de un proceso de postulación si con solo una tabla numérica que asigne puntos a cada aspirante es suficiente? ¿Acaso no hay criterio que aplicar más allá del numérico?

Las fuerzas en el poder, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la presidenta de la Corte Suprema y la Fundación del Terrorismo forzaron su nombramiento porque ella representa sus intereses. Como lo hace hoy, procurando impedir que la elección de los guatemaltecos se torne inviable.

Si hemos de hablar en términos democráticos, y en términos republicanos también, la situación con Consuelo Porras es incluso peor de lo ya descrito.

La Fiscal ha pervertido la institución hasta convertirla en perseguidora de quienes han procurado castigar los delitos que se producen a partir de la corrupción.  Ha desvirtuado al Ministerio Público. Todas las fallas, los errores, los excesos durante la lucha contra la corrupción que puedan oponerse como contra argumento son insuficientes para establecer una equivalencia entre un propósito y otro.

Por diferencias de criterio de bulto como estas, hace falta discutir qué entendemos por democracia y qué entendemos por concentración del poder.