Podrán tener a todas las Cortes y jueces corruptos de su lado. Podrán contar con un Procurador que alienta impunidad para ellos. Podrán tener todo el dinero de una parte de las élites y la mafia para proteger a su defendida, pero, una tras otra, cada intentona por debilitar la exigencia de la salida de María Consuelo Porras de la Fiscalía General de la República, está llamada al fracaso.

Todo les sale todo mal y así habrá de seguir siendo. Eso incluye a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que apostaban por una paliza a manos de policías y si fuera necesario de militares para quienes protestan frente a la sede del Ministerio Público en Gerona. Unas cuantas víctimas de golpes para desmotivar a quienes se mantienen pidiendo a voz en cuello que la Fiscal deje el despacho.

Pero las autoridades indígenas, convertidas en adversarios formidables para la alianza gobernante (ahora la cúpula empresarial pide encuentros discretos con ellos al amparo de la embajada de Estados Unidos), resolvieron la situación con tino. Primero, advirtieron que de darse la llegada de los antimotines, ellos y sus seguidores se sentarían a esperar la actuación de los policías con sus bastones. Luego, admitieron sin dilación despejar las puertas de ingreso del edificio. ¿Resultado? No hubo golpes, y la Fiscal Porras y sus vasallos han preferido no volver su sede porque a pesar de todo sienten miedo. Nomás enviaron a un grupo de empleados a extraer papelería útil para su siguiente golpe. El cual ya está predestinado al fracaso.

Bocones como son, los miembros de la alianza pro corrupción han salido a anunciar que declararán inválidas por fraudulentas las elecciones presidenciales en la ciudad y el departamento de Guatemala. Así, descalifican el paso de Bernardo Arévalo al balotaje y al mismo tiempo, hacen perder al Movimiento Semilla la mayoría de sus diputaciones.

Pero pronto han saltado aliados suyos a reclamar una acción de ese tipo. El partido Unionista perdería la alcaldía y casi sin duda su única diputación. Insignes miembros de la bancada oficialista, como Shirley Rivera, tendrían que dejar la curul.  No es difícil predecir que esa acción también está condenada al fracaso.

Fracasó la intención de hacer desistir de la protesta con el ataque violento a quienes manifestaban en Ocós, San Marcos.  Los gatilleros cercanos al alcalde oficialista recién electo pronto fueron puestos en evidencia.

Con rapidez también se hizo notorio en la Antigua, donde Miguel Martínez y su familia fueron objeto de vituperio y ataque, que una empresa contratista del gobierno de Giammattei y la municipalidad capitalina proporciona el vehículo que lo lleva del helicóptero a la ciudad.

En cambio, el prestigio de los 48 Cantones como articuladores de la protesta masiva contra la fiscal Porras, lejos de disminuir, ha crecido. Desde Nimajuyú hasta Vista Hermosa, desde el Cahabón hasta Sololá, las autoridades ancestrales indígenas son hoy vistas como la inspiración y cabeza de la protesta.

La capacidad del liderazgo indígena de evaluar la situación les mueve a hacer evolucionar la protesta. Las carreteras quedarán en su mayoría liberadas, pero las manifestaciones en todas las ciudades del país permanecerán activas. Principalmente, la que se encuentra en el barrio Gerona, a donde llegarán cada día 400 vecinos de Totonicapán, procedentes de diferentes aldeas, con un plan debidamente consensuado y establecido en la comunidad.

El horizonte de la protesta está claro. El 14 de enero habrá de asumir el gobierno electo libremente por los ciudadanos, pese a todos los esfuerzos de la alianza pro corrupción y pro impunidad por mediatizar su voto.

A quienes protegen a Consuelo Porras y la animan a dar el zarpazo contra el proceso electoral, para primero desconocer los resultados y luego convocar a nuevas elecciones en donde esta vez se asegurarían que solo puedan participar los socios de la corrupción, todo les sale mal.  Los guatemaltecos hemos alcanzado determinación y no vamos a ceder ante las pataletas de los golpistas.