Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, pasa revista a la situación de Guatemala en torno al uso de recursos renovables y combustibles fósiles para la generación de energía, la explotación petrolera y los yacimientos de gas y de minería metálica en el país.

Pimentel Mata también es presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación. Tiene una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, una Licenciatura en Economía y una Maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Ha sido asesor legal de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y de la Misión Permanente de la República de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio.

¿Cuál es la cobertura eléctrica actual en el país?

El 88.91% de la población tiene acceso a la energía. La mayor deuda de electrificación está en los departamentos del norte: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, Izabal y Huehuetenango. Una de las metas de la Política General de Gobierno es ampliar la cobertura al 93.5% para el 2024. Ganar esos puntos porcentuales representa una inversión de, por lo menos, US$500 millones, la cual debe hacerla el Estado de Guatemala a través del INDE. Ese porcentaje que hace falta es lo más costoso de electrificar, debido a la dispersión de las personas y la distancia entre una población y otra.

También hay que entender que la electrificación va relacionada con la sostenibilidad, pues no solo se busca llevar energía eléctrica, sino que esta pueda ser consumida y pagada por el usuario. Para lograr eso, las tarifas deben ser asequibles, tenemos que mejorar toda la cadena: generación barata y transmisión eficiente.

¿Cuál es la matriz de generación eléctrica?

En el 2020, el 75% de la energía en el país se generó a través de recursos renovables. Fue un año en el cual, con toda la lluvia y la destrucción que trajo, llenó los embalses y mejoró los caudales para generación.

Si Guatemala solo usa el 15% de su capacidad de generación sustentable, ¿por qué todavía tenemos un 25% de generación con combustibles fósiles?

El país podría y debería aprovechar más su potencial de generación hidroeléctrica, pero por razones de conflictividad social no es posible en el futuro inmediato. La generación renovable, sobre todo la hidroeléctrica, requiere capital de forma intensiva: demanda inversiones millonarias y el repago toma algunos años. Además, el impacto en la tarifa que se puede tener si se motiva a esa instalación, podría hacer que, aunque tengamos energía, no esté al alcance de los guatemaltecos. Las energías producidas por hidrocarburos aún tienen un papel que jugar en este país.

Esa conflictividad a la que se refiere, en buena medida, es provocada porque el Estado ha priorizado la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos privados y no pequeñas y medianas generadoras en las que las comunidades podrían participar como copropietarios. ¿Por qué no se ha actuado en este plano?

La situación es bastante compleja. Las inversiones en plantas de generación tienen que ser económicamente viables para los inversionistas. Eso requiere de determinada escala para que la inversión sea rentable, lo cual ya pone alguna restricción a proyectos de menor escala. Los pequeños proyectos no necesariamente son rentables.

Otro aspecto es la sostenibilidad del proyecto. El esquema de la Ley General de Electricidad no contempla un modelo propio de hidroeléctricas comunitarias, aunque no lo prohíbe. Hemos observado que en algunos lugares donde se hicieron hidroeléctricas comunitarias, la sostenibilidad del proyecto ha sido delicada, ya que los habitantes no se dedican a esto y no tienen la experiencia para ejecutarlos. Esto representa otro problema, y no solo para las comunidades que dependen de esa generación, sino también para el sistema, pues este debe prever cómo asegurar energía para esos lugares.

Alberto Pimentel Mata habla sobre generación, transmisión y electrificación rural. (Crédito: MEM).

Pero hay diferentes tipos de rentabilidad. Hay rentabilidad económica para el capital que se invierte, pero también existe la rentabilidad social. ¿Acaso no es posible recurrir a inversión pública o ayuda de cooperantes para levantar este tipo de proyectos?

El problema es más complejo. La conflictividad no debería plantearse en términos de quién es el propietario de la planta, pues está claro que el propietario del recurso es el Estado de Guatemala. Así está determinado constitucionalmente. No creo que las conflictividades hacia ciertos proyectos provengan por el hecho de que estén en manos privadas. La forma en la que podemos reducir la conflictividad en el sector eléctrico es asegurando el acceso a la energía para la mayor cantidad de guatemaltecos. Esa es una deuda histórica que tenemos que solucionar.

En Alta Verapaz hay capacidad instalada de más de 1 mil megavatios, y es el departamento con menos cobertura eléctrica: 1 de cada 2 habitantes no tiene energía eléctrica. Pero esto no es culpa de la planta eléctrica. Es culpa del país, pues no hemos tenido un sistema robusto de transmisión y de distribución que permita acercar la energía a todos los guatemaltecos. Si se explica cuáles son los problemas y se toman acciones para corregirlos, la conflictividad se reduciría.

Al otorgarse los recursos naturales, como los ríos o los yacimientos solo a grandes grupos económicos, se propicia por un lado que las comunidades solo sean observadoras de la explotación de lo que es nacional, pero además que el capital generado por estos proyectos siga siempre concentrado en pocas manos. ¿No es el Estado el que debe planificar y garantizar que otros grupos sociales sean capaces de acumular capital con esos recursos nacionales?

Nada excluye a ningún sector social a hacer inversiones. La ley no lo impide, es más una cuestión técnica de inversión a escala. Nada impide tampoco que el Estado de Guatemala participe en el sector eléctrico a través del Instituto Nacional de Electrificación y que juegue ese rol de equilibrador del sistema. De hecho, al día de hoy, el INDE es el generador de energía eléctrica más grande de este país. Lo cierto es que esta institución tiene más de 30 años de no hacer una inversión en generación de energía. La responsabilidad de los que integramos el consejo directivo del INDE es buscar formas para que se vuelva invertir en lo que se debería estar gastando el dinero: proyectos de generación y de transmisión eléctrica.

¿Ampliar su capacidad de generación o de transmisión? ¿Qué sería más rentable para el INDE?

Más rentable es la transmisión, porque se ve el retorno más rápido. Pero el INDE debe invertir en generación. Debo decir que el Consejo, en el 2020, aprobó un plan cuatrianual que contempla inversiones en transmisión, en generación y en electrificación rural.

Si se toma en cuenta que Guatemala ya tiene un excedente de generación de energía eléctrica, ¿cuál es la situación de la exportación del flujo?

Guatemala es un exportador neto de energía. En el 2017, las exportaciones representaron el 13% de la producción nacional. Es un volumen relevante. Nuestra capacidad instalada está alrededor de los 3 mil 400 megavatios y nuestra demanda pico, que se vivió en diciembre del año pasado, fue de 1 mil 780 megavatios. Es decir, tenemos una capacidad instalada del doble de la demanda. Esto significa que podríamos exportar tanto como consumimos localmente; sin embargo, no lo hacemos. La exportación está alrededor de los 250 o 300 megavatios diarios.

¿Por qué no exportamos más? Hay dos razones concretas: nuestras conexiones con México y Centroamérica tienen un tamaño limitado. No podríamos exportar más de 500 megavatios diarios. El otro motivo es eminentemente político. A pesar de que formamos parte de un proceso de integración eléctrica desde que se firmó el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, en 1998, el mercado no ha rendido frutos para Guatemala. Cada país ha venido invirtiendo en su propia generación, en lugar de comprar energía más barata que Guatemala ya estaba en capacidad de producir. Eso es algo que deberíamos corregir en el sistema o potenciar una segunda interconexión con México y Belice.

¿Honduras y El Salvador están mejorando su capacidad de generación y no nos quieren comprar?

Se suele preferir el producto nacional frente al extranjero. Aunque tenemos un mecanismo para poner denuncias ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, Guatemala jamás será escuchada, ya que han dispuesto, a mi criterio, de manera ilegal que la toma de decisiones debe ser por mayoría.

¿Eso tiene que ver con la defensa del capital invertido en esos países en la generación de energía eléctrica?

Definitivamente sí, hay un afán proteccionista en la región que delimita la posición de Guatemala, que ha tenido por años la capacidad para exportarle más a la región.

¿El mercado que nos queda es México y Belice?

Particularmente México, porque Belice es un mercado pequeño, pero que deberíamos aprovechar. México es la oportunidad y debemos trabajar en proponer una segunda interconexión.

Hay planes de traer a Guatemala un gasoducto desde Estados Unidos. ¿Esto podría facilitar la generación de energía más barata?

Nuestro costo de generación de energía ya es el más barato de Centroamérica. Somos más baratos que México. En cuanto al gasoducto, según el análisis de una comisión conjunta entre la Secretaría de Energía de México y el Ministerio de Energía y Minas, no es económicamente rentable. En cambio, sí veo el gas natural como una energía de transición a la cual deberíamos caminar. La estrategia como país es la colocación de la producción del gas nacional. El año pasado, Guatemala comenzó a producir comercialmente gas natural. Aún es una producción pequeña ubicada en la Cuenca del Petén Norte, pero es una buena señal de que se puede aprovechar este recurso. Incluso, antes de un gasoducto, quizá es económicamente más rentable traer gas natural por barco.

¿Cuánto gas se genera actualmente y qué potencial tiene Guatemala?

Se producen 6.5 millones de pies cúbicos al día, lo que podría generar entre 20 y 24 megavatios de energía eléctrica. Se calcula que se puede tener un potencial cuatro veces mayor.

¿Qué beneficios le deja al país la industria petrolera?

La extracción de petróleo y la generación de gas natural son parte de una industria en la que el Estado de Guatemala es socio y, por lo tanto, tiene regalías y una participación económica en todos los contratos de hidrocarburos. Claro que le reconocemos al inversionista parte de los costos de su inversión para extraer el crudo. Este ministerio tiene la obligación de llevar a cabo la fiscalización de esos costos para ver que se contabilizan como costos recuperables.

La producción petrolera se nutre mediante la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, 71-2008 FONPETROL. En el 2018 le representó a Guatemala ingresos de Q274 millones, en el 2019 fueron Q203 millones y en el 2020 se cayó a Q53 millones, porque se cayó el precio a nivel internacional; es decir, esa regalía está en función del precio. Quisiera desmitificar que la industria no participa de los beneficios, aunque también es cierto que en este momento hay empresas que tienen deuda con el Estado de Guatemala respecto de esas participaciones. Es responsabilidad del MEM continuar con los trámites para que esas deudas se cobren.

¿Se contabiliza de manera adecuada lo que se extrae?

Sí, porque tenemos en el lugar un delegado a un delegado siempre que mide los tanques cuando se van llenando. La medición la verifica este ministerio.

Pero hay graves denuncias de estafas al Estado mediante la declaración de una cifra menor de petróleo extraído.
Sin duda, la fiscalización podría mejorarse, pero el MEM es el que tiene el presupuesto más bajo de todos los ministerios y en el FONPETROL no se contempló un participación para el que ministerio pudiera ahondar en sus actividades de fiscalización. Es algo que sería deseable y para ello es necesario mejorar el presupuesto de fiscalización. El personal del ministerio hace las verificaciones y tratamos de cumplir con lo que la ley manda, pero mi equipo tiene carencias de toda índole: posibilidad de transportarse en vehículos adecuados, viáticos y medidas de seguridad. Necesitamos más recursos y contratar más personal para ejercer una mayor fiscalización.

Recientemente se dio a conocer que el MEM licitará este año tres áreas petroleras. ¿Tiene sentido para el país ampliar la explotación? ¿Cuáles son los beneficios que traerán estas áreas?

Nuestro objetivo es generar interés para que empresas nacionales o internacionales, con experiencia en el sector, puedan invertir y hacer renacer una industria que en Guatemala está lejos de su auge. En el 2020 producimos 7 mil barriles y podríamos aspirar a producir hasta 23 mil barriles, que es la cantidad que producíamos hace 10 años.

Estamos proponiendo modificar los contratos petroleros antes de que salga la licitación. La experiencia reciente con las empresas que le deben dinero al Estado de Guatemala nos demuestra que es muy difícil cobrarles. Curiosamente, estas empresas no prestan garantías a Guatemala por la explotación que generan. No es que estén cometiendo una ilegalidad, es que así están los contratos. Queremos hacer algunas modificaciones para solidificar nuestra posición como país y también para facilitar la acción de cobro del ministerio. Por ejemplo, hoy les cobramos, pero tardamos 10 años en recibir ese dinero, pues tiene que pasar una fase administrativa y una judicial. Creemos que esta es la oportunidad para generar los cambios en materia de contratos petroleros. En estas licitaciones también será responsabilidad del MEM, antes de lanzar la licitación, tener los términos de referencia ambientales para ese contrato.

Alberto Pimentel Mata también es presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación. (Crédito: MEM).

Recientemente la FECI enderezó proceso contra el exministro Archila y lo acusa de cobrar comisiones a quienes buscaban concesiones petroleras y mineras. ¿Qué mecanismos de fiscalización y transparencia se están poniendo ahora para la concesión de futuros proyectos?

Lo importante es garantizarle al pueblo de Guatemala y a los inversionistas que las reglas son claras y transparentes para todos. No hemos diseñado el proceso de licitación como tal, pero sí vamos a garantizar que ese proceso sea transparente. Probablemente se utilizará una auditoria externa para que verifique el proceso. Para atraer más inversionistas potenciales, la información técnica que se tiene en el MEM la vamos a digitalizar para que los interesados puedan consultarla de manera más fácil.

¿Cuál es la perspectiva de la minería metálica en el corto plazo?

La minería tiene múltiples usos. Es cierto que hay minería de oro y plata, pero también hay minas relacionadas con las industrias tecnológica, de construcción, alimenticia y farmacéutica. Constitucionalmente tenemos una obligación sobre el aprovechamiento de los recursos no renovables de manera responsable.

Nuestro interés es lograr que vuelvan a hacerse inversiones en esta industria. Eso requiere de educación sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y cumplir con el Convenio 169 de la OIT, que nos obliga a hacer consultas comunitarias en aquellos lugares donde haya una población indígena que pueda ser afectada por la actividad. Esto ha atrasado un poco los procesos, pero esta administración está siendo responsable para realizar las consultas donde se requiere. Eso también significa que vamos a exigir de las empresas el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y laboral.

¿La consulta de San Rafael las Flores, en Santa Rosa, está prevista para este año?

Este año ya tenemos fecha para iniciar al proceso de pre consulta del derecho minero El Escobal, una mina metálica. Esto nos permitirá cumplir con la ley y generar certeza jurídica donde la inversión ya se hizo. El 20 de abril se inicia el proceso. Es una fecha que ya está consensuada con el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala.

¿Hay otras áreas de exploración minera o se han encontrado yacimientos de explotación minera que estén rumbo a ser concedidos?

Tenemos una importante cantidad de expedientes. El año pasado no se otorgó ningún derecho minero, pero en el 2021 vamos a otorgar algunas licencias. Es importante decir que casi el 90% de las licencias que recibimos son de minas de material de construcción, es decir, no metálicas.