Dentro de un año, el panorama se habrá definido. Los guatemaltecos podremos tener esperanza real de recuperar el sistema de justicia y vivir en el marco de la Constitución o la habremos perdido, si no para siempre, por cuatro años más. El acuerdo de elites que ha permitido a la impunidad para la corrupción secuestrar al sistema de justicia tiene fecha de vencimiento -o de ampliación- a un año plazo.

Si Bernardo Arévalo continua en el poder para mayo de 2026, tendrá la oportunidad de nombrar a un Fiscal General no comprometido con el saqueo de fondos del Estado ni la criminalización de los opositores a ese régimen. Pero hará falta que la nómina entregada por la Comisión de Postulación incluya a abogados con aptitud, con lealtad hacia la justicia y con independencia con respecto a las elites económicas y políticas.

Porque ha sido justamente un acuerdo no explícito entre ambas lo que ha sumido al sistema de justicia del país, tras el embate contra la corrupción conducido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, en una red pro impunidad que  genera presos políticos, exculpa saqueadores del Estado quienes recuperan el producto de sus robos, y da lugar a una sorda batalla entre los operadores de injusticia por forzar a que se comparta el botín obtenido.

Sin un Ministerio Público capaz de frenar o malograr las acciones contra los corruptos, las elites políticas y económicas pierden uno de sus dos principales bastiones para dominar el sistema. Y el país.

El otro bastión suyo es la Corte de Constitucionalidad. Su dominio absoluto sobre ella está en riesgo de fenecer también a un año plazo. Pero para lograr la prolongación de su poder se requiere de un esfuerzo a cinco bandas que es complicado para las elites y también para las fuerzas democráticas.

Si el presidente Arévalo permanece en el poder, tendrá la oportunidad de designar a un magistrado leal al Estado de Derecho y no a los intereses económicos de unos pocos, como hizo su antecesor.

El magistrado a designar por la actual Corte Suprema de Justicia será muy probablemente un defensor de la impunidad para la corrupción porque esa corriente prevalece en el Palacio de Justicia.

Es difícil e improbable que el partido Semilla y sus aliados consigan que el magistrado designado por el Congreso sea un abogado no comprometido con la impunidad para la corrupción. En el Legislativo son mayoría quienes  ven en su curul una ocasión para enriquecerse y necesitan garantías de blindaje legal.

Pero en el foro del Colegio de Abogados ha prevalecido por primera vez en mucho tiempo una mayoría identificada con la democracia. Sin embargo, se necesitará un esfuerzo inteligente y concertado para enfrentar con fuerza a los aliados de la impunidad que probablemente se unificarán en torno a una candidatura única para hacer prevalecer sus intereses.

Y en el Consejo Superior Universitario vemos ya por estos días la batalla que se libra en cada cuerpo electoral para nombrar a sus electores. El impuesto rector Mazariegos se emplea a fondo para mantener control sobre el Consejo y asegurar  la elección de Néster Vásquez y Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad. La Fiscal estará dispuesta a aceptar de nuevo una magistratura suplente con tal de gozar de derecho de antejuicio ante las previsibles demandas que enfrentará al salir del cargo.

La vida se facilitaría para los beneficiarios de la impunidad si Bernardo Arévalo saliera de la Presidencia y consiguieran colocar ahí a un amigo suyo. Por eso no cejarán en intentarlo una y otra vez con los recursos más absurdos que encuentran.